Marcos Óscar Martínez destaca la obligación de informar de las condiciones laborales antes de empezar a trabajar

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Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 13:02

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El graduado social y vicepresidente segundo del Consejo General de Graduados Sociales de España, Marcos Óscar Martínez Álvarez, ha destacado este miércoles que las empresas deberán informar por escrito a sus trabajadores de las condiciones esenciales del contrato antes de que comiencen a trabajar, incluido el uso de algoritmos en la toma de decisiones, según ha explicado en una nota sobre el Real Decreto 723/2026.

El laboralista, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 15 de septiembre y en vigor desde el 5 de octubre, sustituye a la regulación de 1998 sobre información al trabajador e incorpora al derecho español la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.

A su juicio, el cambio más relevante afecta a los plazos. Según ha indicado, las empresas pasan de disponer de dos meses para comunicar por escrito las condiciones del contrato a tener que hacerlo antes del inicio de la prestación laboral. Además, cualquier modificación deberá notificarse, como tarde, el mismo día en que se aplique.

Martínez Álvarez ha explicado que también se amplía la información que debe facilitarse, con aspectos como el salario desglosado por conceptos, la causa concreta de los contratos temporales, los preavisos en jornadas irregulares, el plan de igualdad y el protocolo de acoso. A estos se añaden la mutua, los planes de pensiones y la identificación del convenio colectivo mediante su código.

El graduado social ha destacado la obligación de informar sobre el uso de algoritmos o sistemas automatizados cuando intervengan en decisiones relativas a horarios, tareas, salarios, ascensos o despidos.

"Es un paso lógico en un mercado laboral cada vez más digitalizado; la persona trabajadora tiene derecho a saber con qué reglas se toman las decisiones que le afectan", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que la regulación supone una carga administrativa añadida, especialmente para las pequeñas empresas y los autónomos con trabajadores que carecen de departamentos de recursos humanos.

"Serán los despachos de graduados sociales los que tengan que revisar modelos de contrato, preparar los documentos informativos y garantizar que la empresa pueda acreditar su entrega, porque la carga de la prueba es suya", ha explicado.

Respecto a las personas contratadas antes del 5 de octubre, Martínez Álvarez ha indicado que la empresa solo estará obligada a facilitar esta información si la solicitan, con un plazo de entrega de 30 días hábiles. No obstante, ha recomendado proporcionarla de oficio para evitar conflictos y sanciones.

El laboralista ha defendido que la norma no debe interpretarse como una amenaza. "Bien aplicada, la transparencia reduce la litigiosidad y da seguridad jurídica tanto a la empresa como a la persona trabajadora", ha concluido.

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