El diputado del PP de Asturias José Luis Costillas durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - PP ASTURIAS
OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP de Asturias José Luis Costillas ha acusado este martes a la Consejería de Cultura del Principado de no ajustarse a la legalidad y de cometer "irregularidades" al realizar encomiendas de gestión a la sociedad pública de gestión y promoción turística y cultural Recrea.
Costillas ha recordado en una rueda de prensa celebrada en Oviedo que la Sindicatura de Cuentas ha advertido de que la encomienda de gestión no es una figura jurídica válida para encargar trabajos a esta entidad pública. En este sentido, ha alertado de que esta situación de incumplimiento de las observaciones del órgano fiscalizador puede "poner en peligro el buen funcionamiento de algunas instituciones culturales y de los circuitos culturales de Asturias".
El parlamentario del PP ha exigido explicaciones sobre el hecho de que la Consejería de Cultura ignore "de manera deliberada" el informe de la Sindicatura de Cuentas y ha criticado que se haya realizado una nueva encomienda a Recrea, en junio, para la gestión de programas como 'Autores nel camín', la 'Xira didáctica' o 'Retea'.
Costillas ha recordado que la sociedad pública gestiona actualmente mediante encomienda de gestión los circuitos 'Cultura en REDE', la gestión y mantenimiento del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, las instalaciones generales y diversos espacios comunes de Laboral Ciudad de la Cultura, el centro de arte rupestre Tito Bustillo, el centro de tecnificación deportiva de Trasona (Corvera) y la escuela de natación del centro deportivo de Langreo.
Por último, Costillas ha señalado que esta "inobservancia de la legalidad administrativa" se ha dado también en la OSPA y en Laboral Centro de Arte, derivando ambos casos en el cese de sus anteriores directores; también ha citado a la Fundación Niemeyer, "cuyos graves incumplimientos constatados por la Sindicatura de Cuentas en sus informes han llevado a la propia Junta General a pedir al Gobierno que solicitase un informe a la Inspección de Servicios sobre las irregularidades en la contratación".