OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La concejala del PP de Gijón, Ángeles Fernández-Ahuja, llevará a la próxima Comisión de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón un ruego sobre el uso obligatorio de la etiqueta medioambiental en los vehículos, donde van a reclamar una respuesta a los problemas que puedan existir para los vehículos no domiciliados en la ciudad.
Ahuja ha recordado que el pasado 1 de junio entró en vigor la obligación de exhibición del distintivo ambiental que identifica la clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante.
"Las largas colas que en los últimos días se han formado ante las Oficinas de Correos, con el fin de adquirir la etiqueta requerida, ponen de manifiesto la falta de conocimiento así como de información por parte de los gijoneses en relación a dicha obligación; que a buen seguro es extensible a la totalidad de prohibiciones y deberes contemplados en dicha Ordenanza", ha señalado, para afirmar que la campaña informativa realizada por el Ayuntamiento "no ha cumplido el objetivo pretendido".
Desde el PP han mostrado su preocupación por los posibles problemas de aplicación en los vehículos no domiciliados en Gijón, sobre todo teniendo en cuenta que su exhibición sólo es exigible en Madrid y Barcelona.
"Por ello, no es descartable que la necesidad de portar este distintivo, no sólo produzca confusión entre los ciudadanos foráneos, sino que también pueda traducirse en una menor afluencia de visitantes a nuestra ciudad en la época estival, con la correspondiente merma de la actividad económica", ha indicado.
Ante esto, van asolicitar al equipo de gobierno que articule una respuesta específica a los problemas que a lo largo de este año puede plantear la obligatoriedad de exhibir la etiqueta medioambiental; en particular, respecto a los vehículos que, no estando domiciliados en Gijón, accedan a la ciudad.
Igualmente van a solicitar que se refuercen las campañas informativas, impulsadas con la antelación suficiente, respecto de cada una de aquellas prohibiciones o deberes que, previstos en la Ordenanza de Movilidad, todavía no hayan entrado en vigor.
