El presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles en la Junta General. - PRINCIPADO
OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este miércoles que el plan Agiliza busca un refuerzo del personal y no una reducción, y que permitirá que la resolución de expedientes de dependencia se sitúe en 180 días a final de año.
En respuesta a una pregunta planteada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, sobre dependencia en el Pleno de la Junta General, Barbón ha aclarado que "es mentira que va a haber menos personal". "Va a haber más, se va a incrementar el número de personal que está a disposición precisamente de resolver las cuestiones de dependencia", ha asegurado.
El diputado de Foro, que ha acusado a Barbón de ser "el responsable directo" del colapso del sistema de dependencia en Asturias, le ha exigido"asumir responsabilidades, pedir perdón y cuantificar cuántos recursos va a poner sobre la mesa para corregir su nefasta gestión".
Pumares ha coincidido con Barbón en la necesidad de reforzar los servicios de dependencia, y ha pedido rigor en la interpretación de la ley, insistiendo en que el objetivo es cumplir con la normativa vigente y garantizar la agilidad en los procesos.
El diputado de Foro ha insistido en que "los siete años que Adrián Barbón lleva siendo Presidente, más de 12.000 personas fallecieron esperando la ayuda de dependencia, 1.245 de ellas en el año pasado, 7.764 siguen hoy en el limbo, atrapadas en listas eternas", y ha lamentado que "detrás de esos números hay familias que tienen que gastar sus ahorros, padres que tienen que cuidar en solitario a sus hijos dependientes e hijos que ven morir a sus padres sin que llegue la ayuda".
En relación con las causas del colapso, Pumares ha dicho que "la implantación de la Historia Social Única se hizo de una manera improvisada, sin formar al personal, sin planes de contingencia y sin contar con los trabajadores del servicio a la hora de implementar un calendario", y ha recordado las explicaciones de la jefa del servicio de dependencia en sede parlamentaria, que "dejaron claro, en contra de lo manifestado por el Director General de Estrategia Digital que el procedimiento se hizo sin formación, ni planificación ni previsión".
Pumares también ha cuestionado que "la solución pase por trasladar el problema a los Ayuntamientos" y ha concluido que "con una lista de espera que ha superado ya los 450 días, no se puede negar que el sistema ha colapsado".
OBLIGACIÓN LEGAL
Barbón ha replicado a Pumares, diciéndole que "no haga demagogia". "Lo que no le puede pedir el Gobierno del Principado es que incumpla la ley", ha dicho, para instar a la oposición a que lleven al Parlamento asturiano una ley y la voten "diciendo que esos 11 trabajadores que ya no pueden renovarse no se salgan del sistema". De ser así, ha asegurado que será en ir a los tribunales.
Ha insistido en que habrá mejoras en los procesos informáticos y ha defendido la implantación de la Historia Social Única, como exigencia legal. "Es una exigencia de la ley. Y las leyes se aplican, se cumplen, hay que cumplirlas. No queda más camino", ha enfatizado.
Además, ha señalado que habrá cambios normativos que permitirán "una muchísima mayor agilidad y la colaboración institucional" en el segundo semestre, y ha rechazado que el plan Agiliza derive responsabilidades hacia los ayuntamientos. "No se le pasa a ningún ayuntamiento. Se ofrece a los ayuntamientos algo que en Asturias lleva funcionando, en varios ayuntamientos, desde el año 2020", ha explicado.
El presidente del Principado ha hecho hincapié en la existencia de "dos modelos diferentes", defendiendo la seriedad del suyo. "Nosotros lo hacemos desde la seriedad de reconocer que hay un problema, pero sabiendo que hay que reforzar los servicios públicos, porque lo contrario, el camino que ustedes abren es el contrario, es devaluar por completo la imagen de los servicios públicos, para poder privatizarlos y hacer negocio. Y esa es la realidad del debate público que se da en esta Cámara", ha concluido.
Ha asegurado que a Pumares no le gusta el plan Agiliza porque si permite reducir la resolución de dependencia en 180 días a final de año, se quedará "sin argumentos y razones para seguir siendo copartícipe".