El Principado indemniza a la familia de una paciente que murió por un retraso en un diagnóstico de cáncer de pulmón

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha reconocido el derecho a indemnización, por parte de 14.000 euros, a la familia de una mujer fallecida tras un retraso en un diagnóstico de cáncer de pulmón.

Así lo ha señalado la Asociación 'El defensor del paciente', representada por el abogado Eduardo Curiel, quien ha apuntado que en la propia resolución de la Consejería se achaca este hecho a un "funcionamiento anormal del servicio sanitario".

La resolución estima parcialmente la reclamación patrimonial y reconoce expresamente que existió una actuación "negligente" en la atención prestada a la paciente en el Hospital Universitario de Cabueñes, ubicado en Gijón.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando la paciente, de 71 años, fue atendida en el citado centro hospitalario. El 5 de mayo de 2023, una radiografía de tórax detectó un nódulo pulmonar sospechoso.

Ante este hallazgo, el Servicio de Radiología recomendó expresamente la realización de un TAC torácico urgente para completar el estudio y descartar patología tumoral. Sin embargo, esa prueba diagnóstica no se llevó a cabo.

"Se produjo un fallo en la tramitación del estudio complementario recomendado y la paciente nunca fue citada para la realización del TAC urgente", han apuntado desde la asociación.

Como consecuencia de ello, no fue hasta enero de 2025 cuando la paciente volvió a ingresar y se confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón en fase avanzada, con afectación metastásica y opciones terapéuticas ya muy limitadas.

La mujer falleció el 22 de enero de 2025, a causa de insuficiencia respiratoria aguda derivada del proceso tumoral. La resolución administrativa reconoce "que existió un retraso diagnóstico injustificado, que privó a la paciente de una oportunidad real de diagnóstico y tratamiento en tiempo oportuno".

"Es decir, se admite que hubo mala praxis que condicionó de manera decisiva la evolución de la enfermedad", han remarcado la asociación. La misma ha lamentado que, pese a ello, la Administración aplica la "controvertida teoría de la pérdida de oportunidad, reduciendo de forma drástica la cuantía indemnizatoria al considerar que no puede acreditarse con absoluta certeza que un diagnóstico precoz hubiera garantizado la supervivencia".

A este respecto, han señalado que tanto para la familia de la paciente como para la Asociación 'El Defensor del Paciente' esta interpretación supone "una profunda frustración".

Desde la Asociación 'El Defensor del Paciente' se considera que esta aplicación "restrictiva" de la pérdida de oportunidad termina convirtiéndose en un mecanismo que, en la práctica, "desvaloriza el daño causado, trasladando a la familia la carga de una incertidumbre que precisamente fue generada por el propio error médico", han llamado la atención. "No se trata únicamente de una cuestión económica", han dejado claro.

En este sentido, la presidenta de la asociación, Carme Flores, ha considerado que, en este caso, "que se reconozca la mala praxis es importante, pero no es suficiente". "Cuando la propia Administración admite que el sistema falló, no puede minimizar las consecuencias", ha sostenido.

Curiel, por su lado, ha indicado que la resolución confirma que existió "un funcionamiento anormal del servicio sanitario y que se privó a la paciente de una oportunidad diagnóstica y terapéutica".

La hija de la paciente, Fabiana Rodríguez, por su parte, ha insistido que no es solo la cuestión económica, sino también "el reconocimiento de que mi madre no recibió la atención que debía".

"Que ahora se diga que 'no se puede saber' qué habría pasado nos duele, porque si no se sabe es precisamente porque no hicieron lo que tenían que hacer a tiempo", ha recriminado a la Administración regional.