OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este jueves la convocatoria anual de subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) de iniciativa social con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), a la que este año se destinan 3.998.456 euros.
El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días hábiles, por lo que las entidades interesadas pueden aportar la documentación necesaria hasta el próximo día 30.
Según ha explicado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, las ayudas, que se financian con las aportaciones de los contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales- la x solidaria- en su declaración de la renta van dirigidas a oenegés que desarrollan programas de apoyo a la infancia, familias, jóvenes, colectivos de mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. En concreto, la convocatoria subvenciona medidas de respaldo a personas que requieren atención integral, apoyo educativo o asistencia para la inserción laboral.
Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta aspectos como el grado de implantación de las entidades en Asturias, su capacidad de gestión y la realización de auditorías externas, entre otros. En cuanto a las iniciativas planteadas, se analizará la aportación de fondos de otros entes públicos y privados, así como la adecuación de los recursos humanos a los planes que las organizaciones pretenden impulsar.
La convocatoria de 2017 contó con un presupuesto de 3.452.597 euros, con los que se han financiado 225 proyectos de 98 entidades, que se están desarrollando actualmente. Estas actuaciones, que beneficiarán a 112.600 personas, movilizan a 5.122 trabajadores y 2.582 voluntarios.
Según la distribución acordada entre el Gobierno central y las comunidades, Asturias repartirá este año un 15,81% (545.855 euros) más que el pasado. Desde 2017, las autonomías gestionan el 80% de los fondos de la x solidaria -que antes administraba exclusivamente el Estado- en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que estimó parcialmente la inconstitucionalidad del modelo anterior.
Por la premura de plazos, en 2017 los fondos se distribuyeron en función de las cuantías recibidas por las entidades durante el ejercicio anterior, pero se acordó trabajar en el diseño de un nuevo sistema de reparto. Este año se ha consensuado una propuesta basada en principios cuantificables -como población, dispersión y superficie-, junto con indicadores como el Arope, que valora el riesgo de pobreza y exclusión social. El modelo se aplicará de manera progresiva en los próximos ejercicios y ya está en marcha el grupo de trabajo que determinará los parámetros para 2019.
