El Principado propone medidas coordinadas para reducir la contaminación en la zona Oeste

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha propuesto este miércoles al Ayuntamiento de Gijón medidas coordinadas para reducir la contaminación en la zona Oeste de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la avenida Príncipe de Asturias.

Según una nota de prensa del Ejecutivo asturiano, este apela a la corresponsabilidad y reitera su respaldo institucional para que la Administración local afronte iniciativas de gestión de la movilidad urbana que permitan rebajar las emisiones, facilitar la movilidad urbana y proteger la salud pública.

Entre las propuestas que el Principado plantea en materia de gestión municipal del tráfico y movilidad urbana figura la posibilidad de reducir los límites de velocidad en los tramos de mayor afectación urbana de 80 a 60 kilómetros por hora y de 50 a 30 km/h en zonas críticas.

También propone afrontar la prohibición progresiva de circulación de vehículos pesados sin etiqueta ambiental (A) y la limitación posterior de vehículos con etiqueta B, así como priorizar los que cuenten con distintivos C, ECO, Cero o camiones Euro VI.

Las restricciones horarias en horas punta para el tráfico pesado, las limitaciones adicionales en jornadas con aviso preventivo por contaminación y las exenciones para servicios esenciales y vehículos con destino local acreditado son otras alternativas que se sitúan dentro del ámbito de actuación municipal en el corto plazo.

A esto suman el refuerzo del transporte público con mayores frecuencias y prioridad semafórica o la implantación de sistemas de control mediante cámaras para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Desde el Gobierno autonómico consideran que estas medidas son "plenamente compatibles" con la actividad económica del puerto, permiten una aplicación progresiva y se ajustan al marco legal.

Por su parte, han destacado que el Principado está reforzando sus herramientas de planificación. En la actualidad, está en vigor el Plan Estratégico de Calidad del Aire 2023-2030 y se trabaja en la transformación y adaptación del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en el Principado.

Este plan de acción a corto plazo, aplicable a todo el territorio asturiano, permitirá, según la Administración regional, incorporar nuevos umbrales de activación, mayores obligaciones y mecanismos de seguimiento más exigentes.

Además, han recordado que está en marcha la elaboración de un nuevo Plan de Mejora de la Calidad del Aire para Gijón, orientado específicamente a reducir de manera estructural las concentraciones de partículas menores de diez micras (PM10).

En el ámbito industrial, competencia directa de la comunidad autónoma, el objetivo es disponer de controles "más eficaces" y herramientas de supervisión más avanzadas sobre las emisiones industriales.

Para ello, se están reforzando los sistemas de control ambiental y medición continua, la vigilancia de focos emisores, la inspección y seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas y la capacidad de intervención ante posibles incumplimientos.

Al margen de la reglamentación autonómica, en la zona Oeste de Gijón está vigente desde 2021 un protocolo específico ante episodios de contaminación, cuya redacción y activación corresponde al Ayuntamiento.

Al tiempo, el Principado ha recordado que la activación de este instrumento resulta "imprescindible" para garantizar una respuesta coordinada y eficaz, a lo que ha puesto en valor la conveniencia de reforzar su carácter preventivo.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

Por otro lado, el Gobierno del Principado considera "legítima y necesaria" la reclamación al Estado de infraestructuras pendientes o mejoras en los accesos vinculados al puerto y a la red estatal.

Sin embargo, han advertido de no puede convertirse en una excusa para aplazar la adopción de medidas que sí pueden implementarse en el ámbito competencial municipal o mediante cooperación institucional.

"Actuar en el presente refuerza la posición negociadora ante el Estado, demuestra corresponsabilidad institucional y evidencia con mayor claridad la necesidad de inversiones estructurales", han sostenido.

En cuanto a los accesos a El Musel, el Gobierno asturiano considera que el Ministerio no puede seguir postergando inversiones estratégicas cuya ausencia está generando impactos económicos, ambientales y sociales claramente constatables.

"La demora acumulada en su ejecución supone un incumplimiento de compromisos y una carga que está recayendo injustamente sobre el territorio y su ciudadanía", ha reprochado al Gobierno central.

Dicho esto, han incidido en que esta reivindicación "firme" ante el Estado no puede convertirse en un argumento para demorar aquellas actuaciones que sí pueden impulsarse desde la competencia municipal o mediante mecanismos eficaces de cooperación institucional.

Han defendido, ligado a ello, que actuar en el presente "no debilita la posición negociadora ante el Ministerio; al contrario, la refuerza".