PSOE, Convocatoria y Tomé rechazan la propuesta del PP para desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado

   OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Junta General ha rechazado con los votos en contra del PSOE, Convocatoria-IU y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) la iniciativa del PP que insta al Gobierno asturiano a desarrollar reglamentariamente la Ley 3/2013 de Medidas de Autoridad del Profesorado debido al aumento de agresiones y faltas de respeto hacia los docentes.

   "No hay desarrollo normativo y el profesorado necesita protección real, no promesas", ha remarcado la diputada del PP asturiano Gloria García. Ha denunciado que la conflictividad incluye ahora ciberacoso y agresiones en Primaria y Secundaria, y ha defendido que la ley debe dotar de operatividad efectiva a los docentes, con protocolos claros y respaldo institucional inmediato. A su juicio, proteger a los maestros es un paso esencial para construir un sistema educativo de calidad, que permita el aprendizaje en condiciones de respeto y orden.

   El texto de la iniciativa critica la falta de acción gubernamental durante más de una década, señalando que la ausencia de normativas claras provoca inseguridad jurídica en los centros escolares, por lo que insta al Gobierno asturiano al desarrollo reglamentario de la Ley 3/2013 de Medidas de Autoridad del Profesorado

   El objetivo final es fomentar un entorno educativo seguro basado en el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar. Esta propuesta subraya la necesidad de pasar de leyes abstractas a medidas operativas concretas que mejoren la calidad de la enseñanza regional.

   Javier Jové, de Vox, ha apuntado que la pérdida de autoridad del profesorado está ligada al debilitamiento general de la autoridad en la sociedad y al "pedagogismo" que, a su juicio, prioriza emociones sobre conocimientos.

   El parlamentario de Vox sostiene que las leyes por sí solas no restauran la autoridad y que la función de los padres es educar, mientras que la administración debe instruir y respaldar. Ha insistido en que la educación no puede convertirse en "un espacio lúdico" sin exigencia y que recuperar el respeto al profesorado implica reforzar el conocimiento y la disciplina académica.

   "Nuestros docentes desempeñan una función esencial y no se les puede permitir trabajar sintiéndose solos o desprotegidos", ha indicado el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, destacando que la autoridad del profesorado es clave para garantizar el respeto, la convivencia y el aprendizaje en las aulas.

RECHAZO DE LA IZQUIERDA

   La diputada socialista Mónica Ronderos ha recordado que la Ley 3/2013 ya cuenta con decretos previos y modificaciones posteriores que regulan la convivencia y protegen al profesorado. Ha subrayado la importancia de aprender a convivir en la diversidad, con tolerancia y solidaridad, y que la escuela es un espacio de socialización y formación cívica.

   Ronderos ha defendido que la autoridad del docente debe combinarse con la promoción de relaciones respetuosas y participativas, y que los esfuerzos deben orientarse a reforzar la convivencia y el prestigio del profesorado mediante recursos, acompañamiento y medidas preventivas, más allá de la mera sanción o jerarquía legal.

   Xabel Vegas (Convocatoria-IU) coincide en que la autoridad se gana con mérito y capacidad, no con decretos, y ha recordado que los docentes de religión son elegidos por el Arzobispado, mientras que los de otras materias pasan procesos de igualdad.

   Ha criticado la Ley de Autoridad de 2013 como un reconocimiento de fracaso, porque no ha reducido las agresiones en las aulas, y ha subrayado también que las soluciones deben centrarse en recursos, participación y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa, y no en imponer jerarquías verticales.

   Covadonga Tomé ha criticado la iniciativa del PP por reinstaurar un enfoque "punitivo y jerárquico" de la convivencia escolar, que a su juicio confunde autoridad con obediencia. Ha subrayado que los conflictos educativos se resuelven con recursos, apoyo psicosocial, estabilidad de plantillas y participación democrática, no con normas sancionadoras. "La autoridad en el aula no se impone por decreto; se construye con relaciones educativas sanas y corresponsabilidad de toda la comunidad", ha dicho.

   Tomé ha añadido que el sistema educativo refleja problemas sociales más amplios, y que poner el foco solo en los docentes ignora la vulnerabilidad del alumnado. Ha mencionado casos de amenazas y presiones a profesores por parte de "padres y madres radicalizados".