Gobierno de Ayuso dice que Ley de Universidades "no va a salir como está redactada" y fija como objetivo la financiación

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

    MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

   El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) "no va a salir tal y como está redactada" y sigue trabajando en uno de los principales escollos, que es la financiación de los centros en un modelo plurianual, que mantiene como principal objetivo.

   "Yo lo que le puedo decir es que la ley tal y como está redactada en este momento no va a salir. La prioridad del Gobierno es cerrar un modelo de financiación plurianual con las universidades, que les dé estabilidad y que, por tanto, puedan conocer y puedan hacer una planificación adecuada de los recursos", ha defendido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

   Así, el consejero ha recordado que son más de 1.200 millones con los que cuentan las universidades en los Presupuestos de este año y ha incidido en que la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ahondará en esta ley.

   García Martín ha subrayado que Zarzalejo le dará "un impulso" a la Consejería para poder abordar "todos y cada uno de los proyectos que tiene", que "no son pocos".

   La prioridad, tal y como ha incidido, es dotar a las universidades de un marco plurianual de financiación. "Luego las universidades en su autonomía tendrán que gestionar adecuadamente esos recursos públicos que provienen de los impuestos de todos los madrileños", ha señalado.

LOS RECTORES PEDÍAN EMPEZAR DE NUEVO

   Precisamente, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press, indicó este martes, tras la salida de Viciana, que los rectores consideraban oportuno empezar de cero con la LESUC, y que esta les proporcione "más ingresos".

   "Yo creo que en el momento en el que estamos ahora sería lo más adecuado. Los diferentes borradores de la ley han distorsionado mucho las propuestas iniciales. Quedaba una ley un poquito extraña y nosotros siempre hemos apostado por una ley más clásica que tratara en cada uno de sus capítulos las diferentes misiones de la universidad: docencia, investigación, transferencia, etc", defendió.

   Añadía Mendikoetxea que desde el principio habían pedido que fuera una Ley de Universidades, "no una ley que recogiera tantos aspectos". El último borrador, del 28 de noviembre, no convenció a los rectores, pese a que "limaba muchas asperezas". "Todavía quedan cuestiones importantes", insistió.

LA PROPUESTA QUE NO SALDRÁ

   Concretamente, el planteamiento que hasta ahora había hecho la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a los rectores madrileños era dividir la financiación en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos.

   Sobre esta última cuestión, la Comunidad de Madrid quería destinar 10 millones de euros extra para repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora.

   Por ejemplo, la realización de programas de investigación y atracción de profesores de excelencia de otras regiones y países, especialmente de Europa e Hispanoamérica, o el incentivo de la oferta de títulos y cursos relacionados con las humanidades y los sectores estratégicos de la región.

   Asimismo, la LESUC incluía un apartado de sanciones, como las relativas a los escraches. El más polémico, fue el conocido en junio de 2025, que planteaba multas de entre 100.000 euros y un millón de euros. Sin embargo, el Gobierno regional decidió pulirlo, hasta un importe máximo de 300.000 euros de sanción. Entre estas infracciones muy graves no se incluían las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.