Archivo - Fecha del Campo San Francisco con los colores de la bandera LGTBI. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos municipales del PSOE y de IU-Convocatoria por Oviedo han registrado una proposición conjunta para su debate en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI 2026. La iniciativa busca reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo con la igualdad, la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.
La propuesta plantea una batería de medidas orientadas a consolidar la ciudad como un espacio comprometido con la diversidad y libre de discriminación. Entre las principales actuaciones figura el apoyo institucional a las celebraciones del Orgullo LGTBI 2026 y la colocación de la bandera arcoíris o de un símbolo representativo en un espacio visible de la fachada del Ayuntamiento durante las jornadas de conmemoración.
Asimismo, el documento contempla la puesta en marcha de campañas de sensibilización contra la LGTBIfobia y los discursos de odio, así como el desarrollo de acciones formativas destinadas al personal municipal. Por otra parte, se incluye el refuerzo de los protocolos frente a agresiones o situaciones de discriminación y el apoyo a las asociaciones y colectivos que trabajan en este ámbito en el municipio.
La concejala del Grupo Municipal Socialista Marisa Ponga ha señalado que, si la administración local cree realmente en estos valores "debe llevar este compromiso a su máximo órgano de representación institucional, que es el Pleno municipal". "Estamos hablando de derechos humanos, de igualdad y de convivencia democrática. Por eso es fundamental que sea el conjunto de la Corporación quien tenga la oportunidad de pronunciarse de manera pública y solemne", ha indicado.
Por su parte, la concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha destacado que los derechos de este colectivo forman parte de los derechos humanos y de la calidad democrática de las instituciones. A su juicio, frente a quienes pretenden convertir la diversidad en un problema, las administraciones públicas tienen la obligación de proteger derechos y combatir la discriminación.