Rechazada la PNL de Vox que propone priorizar el arraigo familiar en el acceso a la vivienda pública en Asturias

    OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos Socialista, Popular, Convocatoria-IU, y el Grupo Mixto han votado este miércoles en contra de la proposición no de ley (PNL) de Vox para que el arraigo y los años de residencia de la familia en España se consideren criterios principales de acceso a la vivienda social y protegida.

    La diputada regional Sara Álvarez Rouco ha defendido en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias la iniciativa de Vox. Sostiene que el mercado de la vivienda es cada vez más inaccesible para los jóvenes asturianos y que el esfuerzo para la compra de vivienda supera hoy el 30% de los ingresos de más de la mitad de los hogares de la comunidad. Vox critica las políticas del Gobierno central en materia de vivienda y reclama priorizar a las familias españolas con mayor arraigo frente a otros colectivos a la hora de acceder al parque de vivienda social y protegida.

   Vox insiste en que la vivienda es cada vez más inaccesible tras la Ley de Vivienda del Gobierno central, citando que Asturias registró en el último año la mayor subida de precios en 18 años y que en el tercer trimestre los precios crecieron un 13,5% interanual, niveles similares a los previos a la burbuja inmobiliaria de 2007. El grupo subraya que la situación afecta especialmente a los jóvenes que quieren emanciparse o formar una familia, señalando que el porcentaje de menores de 35 años propietarios en Asturias habría pasado del 65% en 2011 al 32% actual.

   Recalcan que el esfuerzo medio para comprar vivienda equivale hoy a cinco años de salario bruto íntegro --seis en el caso de Gijón y Oviedo-- y más de la mitad de los hogares asturianos supera el umbral crítico del 30% de ingresos destinados al alquiler, mientras que más del 40% de las familias dedica más del 40% de sus ingresos a esa partida.

   Vox añade que en los últimos años los pisos habrían subido un 21% frente a un aumento salarial del 2%, y vincula la falta de oferta de alquiler al temor de los propietarios a impagos y *inquiokupas*, que atribuye a las políticas *socialistas y comunistas.

   A partir del anuncio del Principado de que ampliará el parque público de vivienda en esta legislatura, Vox sostiene que esa expansión debe priorizar a los jóvenes y a las familias españolas arraigadas en Asturias, con el objetivo de facilitarles un proyecto de vida en la región y evitar su marcha.

   La PNL se concreta en un único punto: instar al Consejo de Gobierno a que, en los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida, el arraigo y los años de residencia acumulados de la familia en España se sitúen como criterios principales por delante de otros factores.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

   El diputado socialista José Ramón García ha recalcado que la propuesta no trata realmente de vivienda, sino de "racismo y supremacismo". García ha criticado que Vox intente sustituir criterios sociales por identitarios, como el "arraigo acumulado" de la familia, recordando que la vivienda digna debe garantizarse por necesidad, vulnerabilidad, discapacidad, situación laboral o violencia de género, no por origen. Considera que el debate del Pleno "no es sobre vivienda, es sobre mantener a la gente precarizada para poder abusar de ella".

   José Agustín Cuervas-Mons (PP) ha criticado la propuesta por considerarla demagógica y limitada, y ha instado a centrar las políticas de vivienda en aumentar la oferta y reducir los precios, en lugar de establecer jerarquías por arraigo familiar. El diputado del PP ha dirigido sus críticas al Gobierno del Principado, al que ha acusado de "desantender" la vivienda. Cuervas-Mons ha defendido medidas como la creación de bolsas de suelo, incentivos fiscales, alquiler con opción de compra y habilitación de viviendas protegidas en equipamientos públicos, señalando que las iniciativas de Vox solo benefician al PSOE al desviar la atención del problema real.

   Para Delia Campomanes (Convocatoria-IU) ha considerado que la iniciativa normaliza un discurso discriminatorio, basado en la idea de que unas personas tienen más derechos que otras por su origen. Ha advertido de los riesgos de reproducir un discurso que recuerda al odio hacia los diferentes en la Europa de los años treinta y ha defendido que los criterios de acceso a la vivienda en Asturias son objetivos, vinculados al territorio y a la necesidad acreditada, sin priorizar nacionalidad ni origen.

   Según Adrián Pumares (Foro), la problemática del acceso a la vivienda no se debe al arraigo de las familias sino a dinámicas de mercado y falta de oferta. Ha criticado el uso de criterios indeterminados como el "acumulado histórico" de la familia, que podría vulnerar el principio constitucional de igualdad y el derecho de residencia de ciudadanos comunitarios, y ha defendido alternativas como la construcción de vivienda, la movilización de suelo público y la mejora de los baremos existentes.

   Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha señalado que la iniciativa enfrenta a los más vulnerables por su origen o procedencia y ha recordado que la normativa actual ya exige permiso de residencia, empadronamiento y un arraigo mínimo de dos años en España.