Sindicatos reclaman frenar un desahucio en Gijón y Vipasa niega que responda a una situación de vulnerabilidad económica

   OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato de Vivienda de Asturias y Suatea han reclamado este viernes a Vipasa que paralice el desahucio previsto para el próximo martes, 29 de septiembre, de una mujer víctima de violencia de género y su hija de nueve años en Nuevo Roces (Gijón), mientras que la entidad pública defiende el procedimiento por los impagos acumulados desde 2021 y asegura haber ofrecido distintas vías para regularizar la deuda.

   Los colectivos sostienen que la mujer se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y que una resolución judicial reclama garantizar una alternativa habitacional para ella y para su hija, por lo que han pedido tanto a Vipasa como a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que eviten que la familia quede sin vivienda.

LOS COLECTIVOS RECLAMAN UNA ALTERNATIVA

   Durante un encuentro con los medios celebrado este viernes, las organizaciones han exigido a Vipasa que desista el procedimiento y han reclamado que, en caso de producirse el desahucio, se proporcione a la familia una alternativa habitacional adecuada cerca de la zona para respetar la educación de la niña.

   El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés García, ha asegurado que la vulnerabilidad de la mujer está reconocida judicialmente y que la resolución reclama a Vipasa buscar una alternativa habitacional. Según ha defendido, los colectivos disponen de documentación que acredita esta situación.

   Desde Suatea, Nuria García Álvarez ha reclamado que la eventual alternativa tenga en cuenta el arraigo de la menor en la zona y permita su continuidad en el centro educativo. En este sentido, ha señalado que más de un centenar de docentes han respaldado un documento sobre el posible perjuicio académico y personal que podría ocasionarle el desalojo.

   Los colectivos han señalado además que la deuda que dio origen al procedimiento se produjo después de que la mujer dejara de percibir durante un periodo una ayuda vinculada a su situación de víctima de violencia de género y hasta que comenzó a cobrar el ingreso mínimo vital.

VIPASA DEFIENDE SU ACTUACIÓN

    La gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha defendido que el procedimiento no responde a una situación puntual de imposibilidad de pago y ha explicado que la mujer accedió al parque público de vivienda en 2019 y dejó de abonar el alquiler en 2021.

   Según Pulgar, Vipasa activó su protocolo de impagos y realizó distintas "intervenciones" con la inquilina. Ha explicado que la renta era de 67 euros mensuales, a los que se sumaban unos 60 euros de gastos de comunidad. En 2022 se acordó un plan de pago de 20 euros mensuales que, según ha afirmado, fue incumplido.

   La gerente ha añadido que se realizaron intervenciones desde las áreas de arrendamientos e innovación social y que se comunicó a los servicios sociales la situación antes de interponer la demanda de desahucio. Según ha comentado, la mujer cuenta actualmente con unos ingresos acreditados de 1.200 euros.

   Pulgar ha señalado asimismo la existencia de problemas de convivencia en la comunidad, en la que viven más de 390 personas, y ha cifrado en más de 90 las intervenciones realizadas a través de la entidad encargada de la intervención social en el inmueble. También ha indicado que durante el último año se produjeron cinco intervenciones policiales a raíz de llamadas de vecinos.

EL SINDICATO OFRECE NEGOCIAR UN NUEVO CONTRATO

   El portavoz del Sindicato de Inquilinas ha rechazado las afirmaciones de Vipasa sobre la situación de la mujer y ha asegurado que no existe ninguna denuncia contra ella. También ha defendido que la existencia de problemas de convivencia no puede justificar el desahucio.

   Respecto a la deuda, García ha sostenido que la mujer podría asumir actualmente un alquiler asequible y ha asegurado que el Sindicato está dispuesto a que firme ahora un nuevo contrato con Vipasa.

   Los sindicatos han insistido en que el objetivo es evitar que la mujer y su hija se queden sin vivienda y han anunciado una concentración este sábado a las 19.00 horas en la Plaza de la Escandalera de Oviedo para reclamar la paralización del desahucio.