Trib.- El acusado de tener fotos pornográficas de menores dice que solo consume porno "100 por 100 legal"

Publicado: lunes, 28 octubre 2019 16:39

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vecino de Gijón juzgado por posesión de 3.367 imágenes eróticas y pornográficas de niñas entre 9 y 15 años en un disco duro ha negado los hechos y se ha reconocido como consumidor de pornografía pero "100 por 100 legal". "De menores no, nunca", ha añadido.

Así lo ha hecho durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, en el que su abogado, Marcelo Villanueva, ha pedido la libre absolución de su cliente.

El letrado ha alegado que se rompió la cadena de custodia, ya que el disco duro portátil en el que se encontraron las imágenes lo había mandado a reparar el acusado, en julio de 2016, y pasó por tres empresas distintas.

La fiscal, por su parte, ha mantenido su petición de condena para el procesado de nueve meses de cárcel y tres años de libertad vigilada.

El acusado ha declarado que en el disco duro que llevó a reparar tenía fotos de los últimos diez años; familiares, de vacaciones, Navidades, y de sus padres que ya habían fallecido, de ahí que intentara recuperar esas imágenes por su valor sentimental.

Al disco duro portátil dijo tener acceso él, pero a veces "contemplaban" las imágenes también su mujer e hijo, de 12 años en aquel entonces.

Asimismo, ha explicado que era cliente de la empresa informática a la que le llevó el disco duro a reparar, pero esta le informó de que debía remitirlo a otra especializada en recuperación de datos.

El acusado preguntó en un par de ocasiones sobre cuándo tendrían arreglado el disco, pero no supo más hasta que el 2 de septiembre de ese año la Policía le detuvo en su trabajo.

DENUNCIA A LA POLICÍA

En el juicio ha testificado también el empleado de la tienda informática donde el procesado llevó el disco duro, el cual corroboró que habían enviado este aparato a una empresa y esa a su vez a otra de Madrid. Ha apuntado que conoce al acusado porque era el director del banco con el que trabaja su empresa y a su vez cliente de esta última.

Fue el subdirector general de la empresa madrileña quien explicó, mediante videoconferencia, cómo se había reparado el fallo electrónico que tenía el disco duro y al volcar la información a otro aparato y ver imágenes pedófilas habían dejado de analizarlo y habían alertado a la Policía.

También testificó que no era la primera vez que les había ocurrido que alguien había llevado a reparar un disco duro con "material sensible".

Además, han declarado, también por videoconferencia, los policías encargados de la investigación. Uno de ellos ha reconocido que la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía no tenía medios para recuperar la información del disco duro estropeado y que este era "material inservible".

Los otros dos han confirmado que en los aparatos electrónicos y ordenadores revisados de la casa del acusado tras el registro en el domicilio no se había encontrado imágenes de pedofilia ni constaba que estas hubieran sido borradas. Sí que había una carpeta en favoritos con páginas de porno de adultos.

CADENA DE CUSTODIA

En estas últimas declaraciones son en las que se ha basado principalmente la defensa para alegar que se rompió la cadena de custodia, ya que el disco duro pasó por varias manos e incluso la información a la que accedió la Policía estaba en un segundo disco duro.

Ha reprochado, además, a la Fiscalía, que tratara de hacer ver que guardar silencio y no declarar durante la Instrucción da a entender que es culpable y tiene algo que esconder.

Ha justificado, en todo caso, que desde su detención en septiembre de 2016, no fue hasta febrero de 2017 que no le llamaron a declarar ante el juez, y no habló porque todo "se basaba en suposiciones", ha argumentado.

También recalcó que si dejó su cliente de ir por la tienda de informática, es porque le estaban investigando por hechos muy graves. A su juicio, no se puede concluir, ni siquiera indiciariamente, que su cliente hubiera tenido material sensible almacenado.

La fiscal, por su lado, ha apuntado que para que se pueda decir que se rompió la cadena de custodia tiene que haber una sospecha "razonable y lógica", algo que cree que no se da en este caso, ya que supondría que un empleado de una de esas tres empresas hubiera metido ese material sensible en el disco duro del acusado, al que no conoce de nada.

También ha llamado la atención sobre que era el único que accedía a ese disco duro, ya que su mujer y su hijo tan solo "contemplaban" las imágenes en ocasiones con él. A esto ha sumado que el procesado "desaparece" y no vuelve por la tienda de informática ni a preguntar qué es lo que pudo haber pasado tras ser arrestado.

Para la acusación pública, el disco duro lo lleva a la tienda "en confianza y necesidad" de recuperar la información, pensando en que no se van a ver los datos.

Ha enfatizado, en este caso, que el propio procesado reconoció que no tenía conocimientos de informática, como también que no es "ajeno" a la pornografía de adultos. Asimismo, ha considerado que "no es producto de equivocación o casual" las fotos almacenadas en su disco duro.

FOTOS DE MENORES

De acuerdo al relato del Ministerio Fiscal, el 19 de julio de 2016 se recibió en una empresa, en Villanueva de la Cañada, Madrid, dedicada a la recuperación de datos en soportes digitales, una caja que contenía un disco duro dañado, propiedad del acusado, vecino de Gijón, que había encargado recuperar toda la información posible.

La información recuperada contenía con 3.367 fotografías descargadas de Internet, de niñas menores de edad, de entre 9 y 15 años, mostrando muchas de ellas el cuerpo desnudo y en posiciones eróticas y pornográficas.

La Fiscalía considera que los hechos relatados con constitutivos de un delito relativo a la explotación sexual y corrupción de menores y solicita que se condene al acusado a nueve meses de prisión, inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante cuatro años y nueve meses, así como la medida de libertad vigilada por tres años.

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