Vox atribuye responsabilidad a la Administración en el accidente de Cerredo y señala dos posibles fraudes de ley

   OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, tras valorar la comisión de investigación del accidente de la mina Cerredo, ha atribuido responsabilidad a la Administración y ha señalado la existencia de "dos fraudes de ley" vinculados a la concesión de subvenciones y autorizaciones administrativas.

   Centeno ha realizado estas apreciaciones este lunes tras concluir, casi por completo, el periodo de comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria, por la que han pasado más de 60 personas.

   Para el diputado, la Administración ha incurrido en una "responsabilidad in vigilando" al permitir que una empresa con autorización para retirar chatarra comenzara a extraer carbón, lo que derivó, según ha comentado, en el primer accidente de la mina en agosto de 2022. "La Administración tiene una responsabilidad in vigilando. En términos llanos: no se enteraron o no se dieron cuenta", ha afirmado.

DOS FRAUDES DE LEY EN LA MINA DE CERREDO

   En su intervención, Centeno ha expuesto lo que califica como "un primer fraude de ley" en la concesión de dos subvenciones por parte del Instituto para la Transición Justa (ITJ) a un proyecto para la obtención de grafito en Cerredo. "Esas subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa son, lo que con arreglo del artículo 7 del Código Civil y de toda la jurisprudencia, se llama fraude de ley", ha afirmado el diputado.

   Según Centeno, la documentación aportada para obtener esas subvenciones de 900.000 euros, ampliables hasta 3 millones, es "simulación pura", ya que, durante la comisión, técnicos acreditados habrían señalado que era "prácticamente imposible" y "económicamente inviable" extraer grafito de la hulla existente en la mina.

   El diputado ha señalado además un segundo "fraude de ley" en la autorización administrativa para desarrollar un proyecto de investigación complementaria. Centeno ha explicado que, según los ingenieros que comparecieron en la comisión, dicho proyecto permitía la extracción de hasta 60 toneladas de carbón "para pruebas industriales", sin que se identificara un receptor final del material. "Es un chiste", ha añadido.

   Centeno ha afirmado que ambos expedientes --tanto el de las subvenciones del ITJ como el del proyecto de investigación-- no podrían haberse diseñado únicamente desde la empresa beneficiaria, y ha apuntado a una "connivencia clara de determinados órganos y personas de la Administración".