Vox pide una "reestructuración profunda" de la Administración y denuncia un crecimiento descontrolado del gasto público

   OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Parlamentario Vox ha defendido este miércoles en el pleno de la Junta General una Proposición no de Ley (PNL) en la que reclama una serie de medidas dirigidas a la racionalización, reestructuración y "neutralidad ideológica" de la Administración autonómica. Su portavoz, Carolina López, ha denunciado un "incremento del 23% en el número de altos cargos" durante la etapa del actual Ejecutivo que lidera Adrián Barbón, al que ha acusado de actuar como una "agencia de colocación".

   López ha criticado lo que considera un "uso partidista del presupuesto público" por parte del Gobierno asturiano y ha exigido una gestión basada en la eficiencia, la austeridad y la "responsabilidad con el dinero de los ciudadanos". Según ha afirmado, "la inversión ejecutada ha caído un 20% mientras aumentan los asesores y los cargos designados a dedo".

   La PNL, que ha contado con el rechazo de todos los Grupos Parlamentarios, incluye medidas como la supresión de al menos un tercio de las direcciones generales, la eliminación de subvenciones a fundaciones, ONGs y asociaciones con perfil ideológico, la limitación del gasto en publicidad institucional y la prohibición del uso de fondos públicos para campañas de "propaganda política encubierta".

   López ha reprochado al Ejecutivo que "más de 200 millones de euros al año se destinan a chiringuitos, fundaciones y subvenciones ideológicas", fondos que, a su juicio, podrían destinarse a reforzar servicios públicos como sanidad, educación o emergencias. También ha cargado contra sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, afirmando que "no representan a nadie" y acusándolos de beneficiarse de subvenciones mientras "los autónomos apenas reciben ayudas".

   "Queremos una administración pequeña, ágil y eficaz. Un Gobierno que sirva al ciudadano y no que viva de él", ha señalado, reclamando una reordenación del gasto público y una rebaja de impuestos.

   Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé pese a compartir objetivos como la mejora de la eficiencia y la transparencia, considera que el texto presentado por Vox incurre en "propuestas contradictorias" y presenta un enfoque "ideologizado y excluyente".

   Tomé ha recordado que Vox forma parte del Gobierno autonómico en Castilla y León, donde "se batió el récord de cargos de libre designación", y ha rechazado la eliminación indiscriminada de subvenciones al tercer sector. "Este tipo de propuestas demuestran la ausencia de coherencia y el nulo respeto hacia la función social de entidades que prestan servicios esenciales", ha señalado.

   Asimismo, ha cuestionado la credibilidad de Vox en materia de financiación, acusando al partido de "incumplimientos reiterados" de la legislación sobre financiación de partidos. "Consejos vendo que para mí no tengo", ha concluido.

   En el turno de fijación de posición, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reconocido la necesidad de racionalizar el gasto público, pero ha cuestionado la coherencia de Vox, recordando que sus líderes "han participado en asociaciones que hoy tachan de chiringuitos" y que en gobiernos autonómicos en los que han gobernado "no han aplicado las recetas que aquí defienden". También ha mostrado su desacuerdo con suprimir financiación a sindicatos y organizaciones empresariales, que ha considerado parte del marco constitucional.

   Pumares ha subrayado que algunas de las entidades a las que Vox plantea retirar apoyo "realizan una labor fundamental en el Principado", por lo que ha anunciado el voto en contra de su formación.

   Desde Convocatoria por Asturias, el diputado Xabel Vegas ha calificado la iniciativa como una "declaración de guerra contra lo público", señalando que Vox "confunde deliberadamente la crítica legítima a la ineficiencia con el desprecio a lo común". A su juicio, la proposición parte de la idea de que "la política sobra y el Estado debe reducirse a una gestoría".

   "El verdadero objetivo no es la eficiencia, sino vaciar de contenido la democracia", ha dicho, acusando a Vox de promover un discurso de "antipolítica" que "prepara el terreno para el autoritarismo". Zapico ha reivindicado "más participación, más transparencia y más control público" frente al modelo que, en su opinión, plantea la formación de ultraderecha.

   Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha mostrado coincidencias "en la filosofía" de algunas propuestas, pero ha considerado que el texto está "poco trabajado" y adolece de "inconcreción". Ha criticado que no se especifique qué organismos públicos se quiere eliminar, ni qué campañas institucionales se consideran ideológicas. "No sabemos cómo aplicar lo que pretenden", ha dicho.

   Ha señalado que algunas de las propuestas ya están reguladas por ley, como la fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas o la obligación de publicar el gasto en publicidad institucional, aunque ha acusado al Gobierno de "incumplirlas sistemáticamente". También ha recordado que Vox votó en contra de una propuesta del PP reciente para suprimir direcciones generales concretas, como las de Memoria Democrática o Diversidad Sexual.

   En nombre del Grupo Socialista, el diputado Luis Ramón Fernández Huerga, ha afeado a Vox que pretenda "dar lecciones de eficiencia y rigor", cuando, a su juicio, su propuesta "es una mezcla de ocurrencias sin base técnica ni legal".

   Califican la iniciativa de "un ejercicio más de demagogia populista que busca destruir lo que funciona, debilitar los servicios públicos y favorecer un modelo donde lo colectivo se desprecia y se impone el sálvese quien pueda".

    Fernández Huerga ha reprochado a Vox su intención de "silenciar a sindicatos, ONGs, feministas y colectivos LGTBI". "Para ellos, los sindicatos son enemigos porque defienden los derechos de los trabajadores, el pilar fundamental del Estado del bienestar", ha subrayado.

   El diputado socialista ha cuestionado el calificativo de "propaganda política" que Vox atribuye a campañas públicas de vacunación infantil, contra la violencia de género o de respeto a la diversidad, señalando que pretenden amordazar a la sociedad civil. Asimismo, ha rechazado la "ley de austeridad institucional" propuesta por Vox, advirtiendo que esta austeridad "se ha traducido en menos sanidad, educación, dependencia y pensiones congeladas", y la ha calificado como "un castigo a lo público y a quienes no pueden permitirse lo privado".