La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente se reúne con asociaciones ecologistas, a las que traslada los objetivos prioritarios
SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cantabria redactará y aprobará un Plan regional de ordenación del territorio y dará también luz verde a una nueva Ley del suelo esta legislatura.
Se trata de dos de los compromisos de la Consejería de Medio Ambiente para los próximos cuatro años, en los que el Ejecutivo PRC-PSOE también pretende elaborar un plan de residuos que mejore la gestión actual en este ámbito, así como potenciar la lucha contra el cambio climático y fomentar la educación medioambiental.
Se lo ha trasladado así la titular del departamento y vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, a representantes de asociaciones ecologistas con los que se ha reunido este lunes, para analizar cuestiones de medio ambiente "pendientes" en la región.
Tras el encuentro, la también consejera de Universidades, Investigación y Política Social ha destacado, en declaraciones a los periodistas, la importancia de la ordenación del territorio y ha apuntado al respecto que el plan que se pretende elaborar definirá el futuro modelo territorial de Cantabria.
También ha trasladado a las organizaciones ecologistas el compromiso del Ejecutivo PRC-PSOE de realizar durante los próximos cuatro años una "defensa" del medio ambiente y una gestión "responsable" del mismo.
Además, Díaz Tezanos está dispuesta a que no se considere un área "estanca", sino "transversal" a todo el Gobierno, para que se trabaje en la materia desde "todos" los departamentos.
La titular de Medio Ambiente ha trasladado a los ecologistas su disposición a "dialogar" de manera "permanente" con estos colectivos, así como a "escucharles" e intentar integrar los distintos intereses medioambientales en las políticas de desarrollo económico y generación de empleo.
Y aunque en la reunión no se ha abordado el problema de las sentencias de derribo en Cantabria, la vicepresidenta ha ratificado el compromiso del Gobierno con todos los afectados por este problema, en el que están inmersas unas 600 viviendas en la región.
