La Ley de Responsabilidad Ambiental aún no exige a las empresas garantías financieras

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, que entró en vigor hace casi cuatro años y exige a las empresas prevenir, evitar y reparar daños ambientales, no obliga "todavía" a las empresas a disponer de garantías financieras.

Así lo ha explicado la jefa de sección de Prevención de la Contaminación del Gobierno regional, Leyre Rodríguez, en una jornada informativa en la Cámara de Comercio en la que se han detallado las principales obligaciones de la Ley 26/2007 a casi un centenar de participantes.

Según informa la Cámara en nota de prensa, esta norma regula la responsabilidad de las empresas de prevenir, evitar y reparar daños medioambientales, cumpliendo así con los principios de prevención y con la idea de que "el que contamina, paga".

Durante la jornada, en la que también ha participado la técnico superior de Medio Ambiente de la Consejería, Sonia López, Rodríguez ha comentado que tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Medio Ambiente llevan tiempo trabajando para exigir a las empresas una garantía financiera.

No obstante, ha precisado que "esta obligación tardará años", "porque ni la Comisión Europea ha redactado un informe en este sentido ni el Ministerio ha publicado órdenes ministeriales que iban a entrar en vigor el 30 de abril de 2010".

Además, ha afirmado que cuando sea obligatorio, deberán contar con garantías financieras las empresas cuyo riesgo ambiental esté calculado en más de 300.000 euros o 2.000.000 de euros si la empresa dispone de EMAS o ISO 14.001.

En la sesión, Leyre Rodríguez ha comentado que el pasado 25 de enero se ha presentado una herramienta que permite calcular el impacto y riesgos ambientales que puede causar cada empresa. Y además, permitirá en un futuro cercano "monetizar los riesgos ambientales asociados a una empresa".

Rodríguez ha señalado también que gracias a esta Ley se creó una Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Riesgos Ambientales, en la que forman parte representantes de todas la comunidades autónomas, cuya principal función es emitir recomendaciones, elaboración de guías metodológicas en este sentido, o proponer modificaciones y adecuaciones de la normativa, entre otros asuntos.

Esa comisión está formada por tres grupos técnicos de trabajo: de verificación, de valor de reposición y de análisis de riesgos. Ambos recopilan información que se envía directamente a la Comisión Técnica para que tome decisiones.

La jornada formativa, organizada por el Gobierno regional, el Foro Empresarial de Medio Ambiente de Cantabria y de CEOE-Cepyme, ha sido inaugurada por el director de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de Cantabria, Martín J. Silván; la subdirectora general de la Consejería Medio Ambiente, Mº Carmen Cuesta; y el director de Desarrollo Empresarial de CEOE-Cepyme, Gregorio Fontecilla.