Madrid y La Rioja, del PP, felicitan al Ejecutivo de Rajoy porque ha destinado "más dinero que nunca" a dependientes
SANTANDER/MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cantabria y la mayoría de comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura, han reclamado al Gobierno central más financiación para políticas sociales y, especialmente, mayor inversión en materia de dependencia.
Y para hacerlo han empleado como foro el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y ha estado presidido por el ministro Alfonso Alonso.
En representación de Cantabria, ha asistido la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha señalado que la comunidad está "de acuerdo" con las líneas maestras planteadas por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales pero ha reclamado una memoria económica que respalde los diferentes proyectos de actuación y mayor financiación estatal para políticas sociales, especialmente en materia de dependencia.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia y vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha asegurado que su comunidad autónoma "en los últimos años ha dejado de percibir aproximadamente 240 millones de euros" en dependencia debido a los "recortes" presupuestarios que, a su juicio, han afectado al sistema de servicios sociales en general.
De hecho, sobre el aumento de financiación en dependencia previsto en los presupuestos de 2016, Munté lo ve "irrisorio": "Es un incremento muy pequeño para el reto que existe de incorporar a los moderados leves al sistema de dependencia", ha apuntado, insistiendo en que el balance de la legislatura actual es "altamente negativo".
Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha demandado la creación de un grupo de trabajo para evaluar los resultados en la aplicación de la Ley de Dependencia y avanzar hacia un pacto de Estado en esta materia.
Para Sánchez Rubio, es necesario garantizar el cumplimiento del compromiso de financiación basado en un 50 por ciento Estado y otro 50 la Administración regional y, al respecto, ha explicado que Andalucía financia más de un 78 por ciento del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22 por ciento.
ASUMIR COMPROMISO DE FINANCIACIÓN
Desde Aragón, la consejera María Victoria Broto ha afirmado que en su Comunidad Autónoma hay un 31 por ciento de dependientes con derecho reconocido que no reciben prestación: "Me gustaría hablar de servicios sociales, del deterioro y del compromiso del Gobierno con la financiación", ha dicho a los periodistas a su llegada a la reunión, para después recalcar que la reducción del crédito de los servicios sociales en entidades locales ha sido de un 67 por ciento.
En cualquier caso, ha subrayado que Aragón es una de las regiones con mayores dificultades tras este "desmantelamiento". Y aunque cree que "hay tiempo" para reconducir esta situación, ha apuntado que todas las autonomías reciben una aportación inferior al 50 por ciento por parte del Estado y, por este motivo, ha instado al Ejecutivo central a que asuma sus responsabilidad en financiación.
En esta misma línea se ha pronunciado la consejera asturiana de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quien ha recalcado que han sido las comunidades las que han asumido "gran parte" de la inversión social en dependencia: "Pareciera que el Gobierno quiere pasar página sobre la ley de dependencia", ha dicho al respecto.
Así, ha pedido "menos triunfalismo" al Gobierno y más afrontar una "realidad dura y difícil" que, a su juicio, "requiere "mayor aportación del Estado a políticas sociales".
EVALUCIACIÓN "SERIA" DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Para el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, la dependencia es un "tema fundamental" que no está en el orden del día del encuentro de este miércoles al mismo tiempo que ha lamentado que no se haya hecho una "evaluación seria y detallada" de la ley de dependencia desde el comienzo de su aplicación.
También ha advertido de que la aprobación de la reforma local a partir del 1 de enero de 2016 la gestión de los servicios sociales pasa a manos de las comunidades autónomas incidiendo que en aún no están preparadas.
Asimismo, la consejera asturiana ha alertado de la entrada en vigor de esta norma que supone una "amenaza" para los ayuntamientos que pierden sus competencias sociales y la representante de Cataluña ha denunciado el carácter "recentralizador" de esta ley y ha lamentado el "perjuicio claro" que supone para las entidades locales catalanas.
Los representantes de todas las comunidades autónomas, opuestas al PP, también han mostrado su preocupación sobre los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros para la atención a la dependencia, y han abogado por llegar a un "gran pacto" en este sentido.
"MÁS DINERO QUE NUNCA" A DEPENDENCIA
Por otro lado, los Gobiernos 'populares' de La Rioja y de Madrid ha expresado su satisfacción por la gestión del Gobierno central en políticas sociales: "La dependencia estaba en una situación catastrófica al principio de la legislatura y se ha conseguido garantizar el sistema e ir mejorándolo a lo largo del tiempo", ha subrayado el consejero madrileño Carlos Izquierdo.
Según Izquierdo, "en estos momentos se está destinando más dinero que nunca a los dependientes y en la Comunidad de Madrid uno de cada 17 euros va a la dependencia": "Ningún Gobierno ha sido tan social como el actual", ha concluido.
Desde La Rioja, el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, ha destacado la "sensibilidad social" del Ejecutivo central. La financiación en materia de dependencia, ha dicho, "arrancó de manera insuficiente cuando comenzó su andadura por parte de la administración socialista", momento en que se admitió "como buena una ley que arrancaba con clarísimas deficiencias en su modelo de financiación".
Escobar ha reivindicado los principios de sostenibilidad, solidaridad y suficiencia al mismo tiempo que ha apostado por el "consenso" en todas las cuestiones referidas a la financiación.
En el Consejo Territorial de Servicios Sociales se ha aprobado la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar, cuyo objetivo es mejorar la atención de las personas que viven en la calle, reduciendo su número y restaurando su papel en la sociedad.
Otros acuerdos alcanzados se han centrado en la cualificación de las categorías profesionales del Sistema de Dependencia con el fin de profesionalizar y garantizar la calidad del empleo en el sector.
También se han abordado las propuestas de las entidades sociales para culminar el documento base de la atención sociosanitaria y volver a presentar a las comunidades autónomas este documento, con el objetivo de constituir un marco básico de actuación para ofrecer una atención integrada a quienes requieran asistencia social y sanitaria.
En la reunión también se han presentado dos informes de seguimiento: el primero sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020 y el segundo ha sido el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016
