CANTABRIA.-AMP.- Tribunales.- Retiran la acusación contra uno de los imputados por estafar a su primo con discapacidad intelectual

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha retirado la acusación contra uno de los hombres juzgados este martes en la Audiencia Provincial por, presuntamente, estafar a un primo con discapacidad intelectual para hacerse con su dinero.

El Ministerio Fiscal pedía inicialmente tres años de cárcel y multa de 2.700 euros para cada uno de acusados, B.R.F y JL.F.D, que en el juicio han negado haberse quedado con nada y se han desentendido de ser los responsables de pedir el préstamo a su primo, cuya discapacidad han asegurado desconocer.

Tras escuchar en la vista de hoy el testimonio de los acusados y del perjudicado, entre otros, ha decidido retirar la acusación contra JL.D.F, si bien la acusación particular la mantiene.

En el juicio, ambos imputados, B.R.F. y JL.F.D., han ofrecido versiones discrepantes pero sí han coincido en negar que los hechos se sucedieran como relata en su escrito inicial la Fiscalía.

Según se indicaba en el escrito de acusación de la Fiscalía antes del juicio, los dos acusados pidieron en 2007 a su primo que les prestase 60.000 euros para invertirlos en un negocio con la promesa de devolvérselo, algo que nunca hicieron.

La fiscal considera que se lo pidieron "con ánimo de obtener un beneficio económico propio en perjuicio" y "aprovechándose del retraso mental" de su primo --que tenía en la fecha de los hechos un grado de discapacidad del 33%--.

Una vez que éste aceptó realizar el préstamo, B.R.F se puso en contacto con una empresa para gestionar la operación y el 24 de julio de 2007 acompañó a su primo a una notaría de Santander a firmar el préstamo con garantía hipotecaria de su vivienda por valor de esos 60.000 euros.

Ese mismo día, este acusado acompañó de nuevo al primo al que había pedido el dinero a una sucursal bancaria, donde se cobraron dos cheques de 24.000 y 36.000 euros, cantidades que, una vez cobrados los gastos de gestión, se le entregaron a B.R.F y que, éste a su vez, entregó a JL.F.D.

Sin embargo, en el juicio, B.R.F. ha asegurado que el dinero no era para él sino para un club nocturno que, supuestamente, iban a montar su primo acusado --que ya tenía un negocio así-- y el otro, el que prestó el dinero y que es demandante.

En la vista, ha asegurado que él se limitó a acompañar a su primo discapacitado al notario a firmar el préstamo para este negocio y que, según la Fiscalía, era de 60.000 euros. En la operación, intervinieron un intermediario y dos prestamistas.

Ha negado haber participado en la negociación del préstamo y ha explicado que en la notaría estuvo "apartado". Cuestionado por la cantidad que se pidió, ha explicado que él no vio ningún talón, solo 36.000 euros en un sobre que entregó el banco.

Ha señalado que de esa cantidad el intermediario se quedó con 6.000 euros y ha asegurado que el resto fue para el primo demandante. Así, ha relatado que por la tarde ambos acudieron al local del otro primo --el que, según su relato, iba a ser uno de los socios del negocio y que no estuvo ni en la notaría ni en el banco-- a entregarle el dinero.

Sin embargo, el otro acusado, JL.F.D, ha negado toda la implicación en este asunto, tanto haber pedido dinero a su primo como haberle propuesto abrir otro club nocturno --"que va, si yo ya tenía el mío", ha dicho--, ni haber participado en la operación del préstamo o haber recibido el dinero.

Por su parte, el perjudicado en la causa ha explicado que fue su primo B.R.F. el que le dijo que JL.F.D. iba a montar un negocio y que necesitaba dinero, por lo que le pidió el préstamo.

Según ha señalado, B.R.F. le dijo que le iban a devolver el dinero en seis meses o un año y que, además, por "el favor", le iban a cancelar la hipoteca que pesaba sobre su casa.

"Yo lo hice a buenas", ha dicho el perjudicado, que no ha sabido aclarar si el préstamo que firmó ante notario poniendo como garantía su casa era por 60.000 euros o de 36.000.

Sí ha relatado que a la notaría le acompañó su primo B.R.F., no JL.F.D., que no estuvo ni allí ni tampoco, posteriormente, en el banco.

Ha relatado, al igual que B.R.F., que solo vieron en el banco 36.000 euros, de los que el intermediario se quedó con 6.000.

De los 30.000 restantes, ha mantenido que él se quedó solo con mil euros y que el resto fue para B.R.F., que, según el perjudicado, había quedado por la tarde con JL.F.D. para dárselo. Ha asegurado que él no le acompañó.

A preguntas del juez, ha negado que en ningún momento JL.F.D. le pidiera directamente el préstamo o hablara con él de este asunto mientras se estaban realizando las gestiones para solicitarlo.

Sin embargo, ha explicado que tiempo después de realizar esa operación y cuando ya había sido informado de la ejecución hipotecaria por impago que iba a sufrir por impago del préstamo, se encontró a JL.F.D. en Santander.

Ha explicado que entonces le preguntó por el dinero y le informó de la ejecución hipotecaria y éste le dijo: "tranquilo, que se paga".

Tras los hechos, al primo con retraso se le reconoció en 2008 un grado de incapacidad del 65% y en 2009 fue incapacitado totalmente por un juzgado de Torrelavega y se nombró como tutor a la Fundación Marqués de Valdecilla.

La fiscal aludía en su escrito a un informe del médico forense que lo examinó lo describe como alguien "muy manipulable" que puede ser "engañado fácilmente".

El Ministerio Fiscal pide finalmente tres años de cárcel y una multa de 2.700 euros para B.R.F. por un delito de estafa y reclama que indemnice a su primo con retraso en los 60.000 euros del préstamo, más 1.800 euros como intereses.

La acusación particular mantiene la acusación para los dos hombres, para los que pide condena a seis años de prisión y multa de 6.000 euros para cada uno de ellos y, además, una indemnización de 66.500 euros, más la cantidad que resulte de liquidar la misma en la ejecución hipotecaria que se lleva en un Juzgado de Torrelavega.

También reclama otros 10.000 euros que se pagaron por notaría y gestión de préstamo.

Por su parte, los abogados de la defensa piden la libre absolución de sus representados al considerar que los acusados no son autores de "delito ninguno".

El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, iba a haberse desarrollado el pasado 6 de octubre pero tuvo que aplazarse porque uno de los procesados estaba enfermo