Piden que se investigue la compra e instalación de 11 cámaras presuntamente colocadas sin autorización de la Delegación del Gobierno
LAREDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de IU en Laredo y concejal de esta formación en el Ayuntamiento, Alejandro Abad, ha pedido este miércoles a la Fiscalía Superior de Cantabria que investigue la gestión municipal de las cámaras de videovigilancia, y para ello ha entregado a este órgano judicial toda la documentación de que dispone sobre la compra e instalación por parte del Consistorio de 11 videocámaras en diciembre de 2012.
Abad ha pedido formalmente al fiscal que abra una investigación para determinar "si con la gestión llevada a cabo en este asunto por el concejal Ramón Arenas y el alcalde, Ángel Vega, en nombre del Ayuntamiento, se han podido haber vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos de Laredo y si se han incumplido los preceptos legales vigentes en materia de protección de datos de carácter personal".
Según ha señalado IU en un comunicado, "la contabilidad municipal demuestra que hace dos años Ángel Vega ordenó el pago de 49.800 euros a la mercantil PC@SON por el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de estos sistemas en distintas calles y edificios públicos de Laredo y que fue el actual primer teniente alcalde, Ramón Arenas, quien hizo la propuesta de gasto y quien dio el visto bueno a la factura".
Además, IU ha entregado al fiscal las actas de los Plenos en las que se recogen las preguntas que esta formación ha formulado, así como las respuestas del alcalde que, "lejos de tranquilizar sobre un tema tan grave, sólo han servido para arrojar aún más dudas e inseguridad, al reconocer que no están siendo controladas por la Policía y que ninguna de estas cámaras tiene autorización de la Delegación del Gobierno".
Abad ha recordado que, a finales de 2014, fueron los votos contrarios del equipo de Gobierno los que "impidieron que el Pleno aprobase una moción de IU en la que se proponía crear una Comisión Especial para esclarecer este asunto y en su caso depurar las responsabilidades políticas".
"Teníamos razones para sospechar que se podrían haber captado imágenes de forma ilegal, quizás vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes tales como el derecho la intimidad y el derecho a la propia imagen", ha indicado el edil de la formación de izquierdas.
El concejal de IU también ha señalado que, con aquella moción, su formación quería "llegar hasta el fondo del asunto por vías estrictamente políticas y pedíamos al equipo de Gobierno transparencia, firmeza y respeto a la ley".
"El PP y sus apoyos tránsfugas decidieron cerrarnos la vía política y por ello no nos ha quedado otro camino que acudir a la Fiscalía. Si al final la justicia interviene y hay consecuencias para el Ayuntamiento será responsabilidad de éste equipo de Gobierno, y fundamentalmente de Vega y de Arenas", ha concluido Abad.
