CANTABRIA.-Santander.- IU reclama un gran parque de viviendas de alquiler social

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unidad ha reclamado al Ayuntamiento de Santander la creación de un gran parque de viviendas de alquiler social, con una renta que no supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar y al que se sumen las viviendas de protección oficial (VPO) del municipio que estén vacías o pendientes de venta.

La formación también propone que los propietarios que posean viviendas vacías en la ciudad también pueden sumar sus inmuebles, si lo desean, a este gran parque "a cambio de la rehabilitación en condiciones de suficiencia energética", según ha indicado el coordinador de IU en Santander, Miguel Saro.

Además, ha apuntado que estas "políticas de incentivo" deben ir acompañadas de una tributación del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) que "grave especialmente la propiedad de viviendas desocupadas y segundas residencias y especialmente las que sean propiedad de entidades financieras, liberando la carga fiscal de los que tienen menos recursos".

IU ha propuesto la creación de este parque de viviendas de alquiler social porque considera que la ordenanza de alquiler social aprobada por el Pleno del Ayuntamiento "es claramente insuficiente y puro maquillaje político, al no dotar de suficientes viviendas la bolsa de alquiler".

Saro ha afirmado que, según los datos de la propia Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), en la ciudad existen "más de 200 viviendas municipales vacías, de las cuáles apenas se van a destinar 15 a alquiler social".

Además, ha señalado que existen en ejecución otras 212 VPO, de las cuales sólo 30 se destinarán a alquiler "nada social", unas viviendas "pagadas por nuestros impuestos y puestas en venta por encima del precio real de mercado, que sólo sirven a los balances de las constructoras que las ejecutan para una demanda que no existe".

Saro ha indicado que también existen más de 3.000 viviendas en el stock de venta privada santanderino, además de cientos de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias propiedad de los bancos, más de 10.000 viviendas vacías y 9.000 segundas residencias, la mayor parte de estas en edificios pendientes de una rehabilitación funcional y energética.