Fiscalía y las partes han llegado a un acuerdo que podría conllevar reducciones de las penas de cárcel
SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cinco de los nueve acusados de integrar una red de tráfico de drogas de hachís, marihuana y cocaína que operaba en Torrelavega y que están siendo juzgados desde este lunes en la Audiencia Provincial han reconocido los hechos que se les imputan.
Los que han aceptado los hechos son L.S, D.dlS, Y.F, que integraban la parte dominicana de la banda y a los que el fiscal les pedía a cada uno de ellos 4 años y medio de cárcel por traficar con cocaína, y R.C. y A.EO., dos de los seis acusados de nacionalidad marroquí por hacer lo propio con hachís y marihuana.
Para estos dos últimos se pedía dos años de prisión, lo mismo que para J.eM., M.eK., A.A. y R.C, los otros cuatro marroquíes acusados que no han aceptado los hechos y contra los que seguirá el juicio.
A preguntas de la Sala, la Fiscalía ha reconocido haber llegado a un acuerdo con los abogados de los acusados que han aceptado los hechos, aunque no ha revelado aún los términos del mismo y ha señalado que no tenía previsto modificar al menos "inicialmente" sus calificaciones.
Sin embargo, fuentes judiciales implicadas en el caso han confirmado a Europa Press que el acuerdo alcanzado por los representantes legales de los acusados que han aceptado los hechos conllevarían al menos, en algunos de los casos, reducción de penas.
Así, por ejemplo, de confirmarse este acuerdo que no ha sido ratificado aún en Sala, en el caso de los tres dominicanos que así lo han hecho se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para reducir las penas, de los cuatro años y medio de cárcel que se pedía para cada uno inicialmente a dos, aplicando inicialmente la atenuante de drogadicción.
En el caso de los marroquíes, y según estas mismas fuentes, se habría acordado a los que han aceptado los hechos una rebaja de la petición de cárcel de los dos años que se pedía a cada uno a un año, sustituyendo además este tiempo de prisión por una multa.
Sin embargo, este acuerdo no ha sido confirmado en Sala por el fiscal.
RENUNCIA A PARTE DE LOS TESTIGOS Y PERICIALES
Este juicio, del que se encarga la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, estaba previsto que se prolongara durante la semana pero la aceptación de los hechos por varias partes ha hecho que las partes renunciaran a varios de los testigos y periciales, reduciéndose "sustancialmente", según ha señalado el titular de la Sala, la duración prevista.
Así, en principio, mañana martes y el miércoles será la declaración de los cuarto acusados que no han aceptado los hechos, y el jueves será el turno de los informes finales de las partes y la última palabra de los acusados, con lo que el juicio quedará visto para sentencia.
Según se ha acordado, los cinco acusados que han reconocido los hechos y sus abogados no tendrán que asistir si no lo desean hasta el jueves.
Después de que cinco de los procesados hayan reconocido los hechos, esta primera sesión ha quedado suspendida debido a que no ha podido acudir una traductora de árabe que se precisaba para la declaración de alguno de los acusados que no habían aceptado la acusación porque se encontraba en unas diligencias en Torrelavega, según ha explicado la Sala.
El juicio quedó suspendido durante unos minutos a la espera de comprobar si iba a poder acudir hoy pero, ante la imposibilidad de ello, finalmente se ha aplazado a mañana, martes.
Antes de suspenderse el juicio, uno de los acusados que ha reconocido los hechos, R.C, ha sido sometido a preguntas de las partes acerca de su implicación en los hechos y su relación con otros acusados que no han aceptado estas acusaciones.
También antes de suspenderse, uno de los abogados de la defensa ha pedido que las escuchas telefónicas llevadas a cabo durante la investigación, y las actuaciones derivadas de ellas, quedaran anuladas al considerar que se habían prorrogado más de lo necesario sin motivos y, por tanto, se había "infringido el principio de proporcionalidad" y vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones.
Esta petición ha sido rechazada por la Sala al considerar que "no existía ninguna irregularidad en las intervenciones telefónicas" y que los autos por las que se autorizaban estaban "motivados".
Esta decisión de la Sala que, según ha avanzado el titular de la Sección Tercera, será más motivada en sentencia, ha provocado la protesta del abogado que lo solicitaba.
La Sala sí ha admitido, sin embargo, una prueba presentada por este letrado consistente en una copia de los sellos de entrada y salida del pasaporte de uno de sus defendidos para demostrar que parte del tiempo en que supuestamente sucedieron los hechos, en la primera mitad de 2013, éste había estado en Marruecos.
Las penas solicitadas por el fiscal además de penas de cárcel conllevan multas que van hasta 19.800 euros.
Según el escrito de la Fiscalía se dedicaban en su mayoría a la venta y distribución de hachís y marihuana, repartiéndose las distintas tareas.
Por ejemplo, uno de los que han aceptado los hechos, R.C., se encargaba de custodiar la sustancia estupefaciente en su casa, y se la entregaba supuestamente a otro. También, según el fiscal, hacía entregas concretas de pequeñas cantidades a los consumidores, en las inmediaciones de un bar.
Otro acusado también realizaba ventas al menudeo entre consumidores y recibía las sustancias de otro miembro de la red en un bar que era regentado por su hermano.
Un tercero se encargaba de traer la droga de su domicilio en Renedo de Piélagos y entregarla a los distribuidores o repartidores en Torrelavega.
El integrante que regentaba un bar en Torrelavega a parir del cual realizaba ventas de menudeo a compradores fijos o esporádicos, y suministraba sustancias estupefacientes a otro acusado.
Dentro del grupo de marroquíes también se realizaban labores de venta al por menor o menudeo a consumidores, se custodiaban pequeñas cantidades de hachís, sustancia del que uno era suministrador a otras personas así como comprador de cocaína.
En el clan dominicano se hacía labores de manipulación y distribución de cocaína, en barrios como La Inmobiliaria aunque también entregas a domicilio en Torrelavega, Suances y otras localidades cercanas al Besaya.
Según el fiscal, los hechos constituyen dos delitos contra la salud público, uno referido a sustancias que causan grave daño a la salud y otro de sustancias que no causan grave daño, por los que pide a los distintos acusados de integrar la red penas de 4 años y 6 meses de prisión y dos años de cárcel, respectivamente por cada delito. Además, interesa distintas multas, que van hasta los 19.831 euros.
