"Favorable" valoración del CGPJ al proyecto de Cantabria para su sede judicial electrónica

    SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha realizado, en general, una valoración "positiva" y "favorable" del proyecto de Cantabria para crear su sede judicial electrónica en Cantabria, si bien ve "injustificada" la demora en el mismo y pide concreción en algunos aspectos.

   Así se recoge en las conclusiones del informe aprobado por el Pleno del CGPJ en su reunión del pasado 30 de junio relativo al proyecto de Orden para la creación de la sede judicial electrónica en Cantabria elaborado por el Gobierno regional.

   Según este informe, consultado por Europa Press, el proyecto "respeta" las líneas generales del régimen jurídico establecido en la ley de 2011 que regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

   También, valora que el proyecto cántabro recoja las observaciones que el CGPJ ha realizado a anteriores proyectos que ha recibido sobre las órdenes de creación de sedes judiciales electrónicas con el objetivo de preservar las competencias que tiene legalmente atribuidas este órgano de gobierno de los jueces en orden a garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas electrónicos y programas utilizados en la Administración de Justicia.

LOS 'PEROS' DEL INFORME

   Sin embargo, en el informe del CGPJ no todo es positivo y en él, entre otros aspectos, se critica la demora en la elaboración y presentación del proyecto de Orden de creación de la sede judicial electrónica en Cantabria.

   Así, el CGPJ pone en cuestión la justificación del retraso que realiza la comunidad autónoma y considera que esta demora es "injustificada".

   Además, opina que la Orden que se proyecta "adolece de la necesaria concreción en la determinación y desarrollo de ciertos contenidos y servicios de la sede judicial electrónica".

   En este sentido, se señala que el proyecto presentado por Cantabria se limita a "reproducir fielmente" artículos de la ley que regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia pero --dice el CGPJ-- "sin definir ni detallar totalmente aquellos contenidos y servicios de los que estará dotada".

   Por ello, considera preciso un "ulterior desarrollo de las previsiones de la norma que permita concretar los distintos contenidos y servicios que ofrezca".

   En este sentido, considera que, particularmente, esta labor de concreción debe realizarse en lo concerniente a los sistemas de verificación de los certificados de la sede, los sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en ella, los sistemas de verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarque, y los sistemas de comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos y organismos públicos que abarque la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.

   Además, se pide que en este proceso de concreción y desarrollo del contenido de la norma el Gobierno regional debe tener en cuenta las competencias que este CGPJ tiene legalmente atribuidas en orden a garantizar la compatibilidad y la seguridad de los sistemas, programas y aplicaciones que se utilicen en la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias y facultades que tiene conferidas el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.

   También se considera que "no hay una justificación suficiente del impacto presupuestario que tendrá la implantación de la sede judicial electrónica cuya creación contempla".

   El CGPJ "pone en duda" que la implantación de la sede judicial electrónica y el posterior desarrollo de sus contenidos y servicios no tenga un sensible efecto en el ámbito económico o presupuestario, tanto más cuanto se ha de garantizar la accesibilidad, la interoperabilidad, la compatibilidad y la seguridad de los sistemas, programas y aplicaciones a través de los cuales se habrán de desenvolver los contenidos y los servicios que se presten a través de la sede judicial electrónica.