La Consejería de Obras Públicas y Vivienda avisará a quienes no hayan cumplido los requisitos exigidos para intentar subsanarlos
SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria ha recibido hasta el momento 55 solicitudes para acceder a las 24 viviendas de protección oficial (VPO) de su propiedad, destinadas, en régimen de alquiler social, a las familias que hayan sufrido el desahucio de su vivienda después del 1 de enero de 2010 y se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.
El plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 31 de enero, aunque aún se están recibiendo solicitudes que se han presentado en otras administraciones.
Entre las solicitudes recibidas hay varias que no cumplen los requisitos exigidos, por lo que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda requerirá que los solicitantes afectados acrediten o subsanen los defectos que en ese sentido se hayan producido, según informa el Gobierno regional en nota de prensa.
Podrán optar a las viviendas de emergencia social del Gobierno de Cantabria las familias afectadas por resoluciones judiciales o extrajudiciales de desahucio a partir del 1 de enero de 2010, sobre la única vivienda en propiedad, siempre que no haya existido dación en pago, y si los ingresos de la unidad familiar no superan el límite de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --unos 1.500 euros netos al mes, con 14 pagas, por unidad familiar de cuatro miembros--.
Tendrán preferencia en la adjudicación las familias numerosas, las unidades monoparentales con hijos a cargo, aquellas con hijos menores de tres años o con algún miembro que tenga declarada incapacidad permanente absoluta, así como las víctimas de violencia de género si la vivienda objeto de desahucio es su domicilio habitual.
