UIMP.- Expertas muestran su "preocupación" por discapacitados e inmigrantes irregulares víctimas de violencia de género

Publicado 11/08/2015 18:50:41CET
Expertas en la lucha contra la violencia de género en la UIMP
EUROPA PRESS

También coinciden en la necesidad de mejorar la coordinación de todos los agentes especializados

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiscal adscrita a la Sala contra la Violencia sobre la Mujer Teresa Peramato, la Inspectora Jefe del área de seguimiento y control de violencia familiar del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), María Elena Palacios y la magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 36 de Madrid especializado en violencia de género, Paloma Marín, han mostrado este martes en Santander su "preocupación" por la situación que viven en España tanto las personas con discapacidad como las inmigrantes irregulares que son víctimas de este tipo de violencia.

Así, Peramato ha advertido de que "no se está dando cumplimiento a la obligación que tienen los jueces" de informar a estas mujeres que son inmigrantes irregulares de que tienen seis meses para pedir un permiso de residencia, lo que ha asegurado que es "culpa" de todo el sistema judicial.

"No estoy lanzando balones fuera porque los fiscales deben pedir a la Policía que nos informe de si la víctima es irregular", ha asegurado Peramato en una mesa redonda del encuentro 'Violencia de género, logros y retos de futuro', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, ha abogado por que el fiscal debe "darse cuenta inmediatamente" de si la víctima es extranjera y ver cuál es su situación administrativa, de forma que si no consta, pida a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras información para saber si es una inmigrante irregular o no.

Sin embargo, ha aclarado que su situación administrativa "no tiene por qué aparecer en una sentencia condenatoria" porque, a su juicio, hay que "tener cuidado" porque esta mención puede "estigmatizar a la víctima".

Sin embargo, Marín sí ha abogado por incluir la regularidad o irregularidad de la inmigrante en la sentencia condenatoria, de tal forma que ha indicado que "es importante ponerse las pilas" para incluir si las víctimas son inmigrantes irregulares e incorporarlo "a las buenas prácticas" judiciales.

Por su parte, Palacios ha hecho hincapié en que "muchos episodios de violencia de género, doméstica y sexual no afloran, quedan en el ámbito privado" y ha advertido de que a la Policía le "preocupan" las personas con discapacidad que sufren estos tipos de violencia, "sobre todo" las que padecen algún tipo de discapacidad intelectual.

Esto se debe, tal y como ha añadido, a que hay estudios que señalan el riesgo de que este colectivo sufra "no sólo violencia física, sino también sexual". "Si no nos implicamos todos, (la violencia) no aflora. A la Policía no llega, a las instituciones judiciales tampoco", ha aseverado.

REUNIONES DE TODAS LAS PARTES CUANDO HAY VÍCTIMAS MORTALES

Igualmente, Palacios ha asegurado que la Policía ha aprendido que "todos los profesionales tienen que ir de la mano y es necesario mantener la cadena de custodia" de las pruebas de los delitos porque "se te queda una cara de póquer cuando el acusado se va de rositas" debido a un fallo de esta cadena.

Además de que las tres han coincidido en la necesidad de mejorar la coordinación de todos los agentes que luchan contra la violencia de género, Marín ha incidido en que echa en falta la puesta en común de pareceres para ver "quién ha podido fallar" cuando se produce una muerte de una mujer víctima de violencia de género.

"Es muy importante que haya una reunión de todas las instituciones, no hace falta convocar a la prensa, para evaluar qué ha fallado, porque algo ha fallado", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que extendería estas reuniones a la "inmensa mayoría" de casos de violencia de género en los que no hay víctimas mortales.

Por este motivo, ha propuesto la organización de mesas locales municipales protocolizadas de respuesta a la violencia de género con resultado mortal o no mortal porque, a su juicio, "cuando se produce este tipo de violencia es porque algo ha fallado".

"CUANDO NOS ENTERAMOS DE QUE UNA MUJER HA MUERTO NOS ECHAMOS A TEMBLAR"

En este mismo sentido, Palacios también ha abogado por un protocolo municipal en el que se involucre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la Policía Nacional se encargue de la protección de las víctimas que tienen un "riesgo algo" y que la Local de cada municipio lo haga de las que tienen un "riesgo medio o bajo".

Y, en respuesta a la petición de Marín de reuniones de todos los involucrados en la lucha contra esta lacara, Palacios ha reconocido que cuando los agentes de policía "nos enteramos por la prensa de que una mujer ha muerto a manos de su pareja o expareja, nos echamos todos a temblar".

De esta forma, ha explicado que cuando se produce una víctima mortal de violencia de género, se informa desde el gabinete de coordinación y estudio del Ministerio del Interior --que es el responsable de la base de datos VioGén, donde se recogen las valoraciones policiales del riesgo que tienen las víctimas de violencia de género que han denunciado-- "y en menos de 24 horas se elabora un informe para ver dónde hemos podido tener el error policial".

En este sentido, Peramato se ha referido a las excarcelaciones y permisos penitenciarios de condenados por violencia de género y ha alertado de que "todos sabemos que hay un incremento del riesgo" para la víctima en estas circunstancias "porque es muy probable que (el condenado) esté tramando su venganza" en prisión.

Finalmente, Marín ha denunciado el uso "masivo y abusivo" del formulario de petición de protección del año 2003 porque ha asegurado que este año 2015 se sigue encontrando "no menos de un 50%" de solicitudes de protección para víctimas de violencia de género mediante el formulario aprobado en 2003 en lugar del formulario "mejorado" de 2007 en el que, por ejemplo, se recoge "si la víctima desea o no tener asistencia letrada".

Como respuesta a estas palabras, Palacios se ha mostrado "sorprendida" de que se use el formulario de 2003, ya que ha subrayado que los formularios que usa la Policía "están informatizados y actualizados". "Tenemos los últimos modelos de formularios consensuados. De todas formas, lo comprobaré", ha apostillado.