La asociación exigirá responsabilidades civiles y penales si el Consejo de Ministros aprueba el proyecto
SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) afirmó hoy que el estudio de impacto ambiental de la línea de 400 kV Soto de Ribera-Penagos no es tal, sino "un burdo paripé con apariencia legal" con la única finalidad de "legalizar lo ilegalmente construido y burlar con ello, la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2002, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las directivas europeas.
ACAAT recuerda que que faltan aún los acuerdo del Consejo de Ministros aprobando la línea y su proyecto de ejecución, así como su declaración de interés publico, acuerdos que, "con los antecedentes existentes, nos cuesta creer que se atrevan a adoptar", afirma en un comunicado el presidente de la asociación, Emilio Martínez Tielve.
En el a su juicio "improbable" caso de que así fuera, ACAAT anuncia que acudiría, como en la anterior ocasión, a la jurisdicción contencioso-administrativa; reiteraría su solicitud de demolición de lo ilegalmente construido y la indemnización a los afectados por los perjuicios ocasionados desde 1988; solicitaría la suspensión cautelar de los efectos de los acuerdos que se puedan aprobar; y asimismo, asegura que acudirá a la vía penal en exigencia de responsabilidades de dicho tipo y civiles.
Para ACAAT, la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de declarar "ambientalmente viables" las variantes de la línea Soto de Ribera-Penagos constituye, "una reiteración del conocido desprecio permanente a los derechos e intereses de los ciudadanos afectados y a las 3.550 alegaciones presentadas contra la línea" por particulares y Asociaciones (ACAAT, Ecologistas en Acción, ARCA y CC.OO., entre otros).
"BURLA MANIFIESTA"
En su opinión, también supone "una burla manifiesta" respecto de las normas fundamentales del Estado Social de Derecho, especialmente en lo que se refiere a reiteradas resoluciones de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como a recomendaciones también reiteradas del Defensor del Pueblo español y a Directivas medioambientales europeas.
En este sentido, asegura que la declaración de impacto ambiental "incumple la más razonable interpretación" de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2002 y los autos del mismo tribunal de 10 de julio de 2002, respecto a la obligatoriedad de llevar a efecto un estudio del impacto ambiental de la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos.
"Al margen de que lo hecho no es un estudio de impacto ambiental, las eléctricas y la Administración, frente a las reiteradas exigencias de ACAAT, pretenden dejar sin tan siquiera la apariencia de estudio los impactos de la mayor parte de la línea, limitándose a aparentar hacerlo en siete tramos (dos en Cantabria)", denuncia la Asociación.
Añade que dicho expediente está, además, "caducado por transcurso más que sobrado del tiempo legal para resolver el mismo", y opina que la justificación de la necesidad de esa línea, tal como se expresa en el expediente, "es insuficiente, contradictoria con otras justificaciones realizadas y falsa".
SUBESTACIÓN DE PENAGOS
Por otro lado, ACAAT asegura que la denominada subestación de Quintana, en Penagos, lo mismo que la pretendida ampliación de la misma, a la que dan ahora autorización, y que es fundamental para dicha línea y su prolongación en el tramo Penagos-Gueñes/Itxaso, está construida "sobre terreno de dominio público, encima del curso del denominado arroyo Saguales, que vierte al Humedal de Saguales o la Llama, de gran importancia ecológica". Este hecho ha sido denunciado recientemente por ACAAT ante la Confederación Hidrográfica del Norte en el expediente que esta en tramitación.
Por último, la asociación opina que el Proyecto de Plan Energético para Cantabria (PLENERCAN), que se está tramitando "a todo bombo y platillo"-dice-, "quedaría sin virtualidad alguna si su elemento estructural fundamental, la línea a 400 kV Soto-Penagos-Gueñes se pretendiera implantar 'manu militari' fuera del mismo, evidenciándose una vez más la falsedad de los políticos y su entreguismo a los intereses de las empresas eléctricas y los bancos", concluye.
