Acuerdos.- El Gobierno aprueba un decreto que complementa y amplía las ayudas del Plan Nacional de Vivienda

La Consejería creará un registro autonómico de demandantes y centralizará todas las gestiones en una oficina en Santander

Europa Press Cantabria
Actualizado: viernes, 10 febrero 2006 15:09

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria aprobó ayer, en su reunión semanal, el Decreto que regula la aplicación del Plan Nacional de Vivienda 2005-2008 en la comunidad autónoma, así como las ayudas del Estado y las específicas del Ejecutivo regional. Se trata de un "decreto-convocatoria" que "complementa e incrementa la oferta" del plan estatal, y que entrará en vigor la próxima semana, tal y como explicó hoy en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón.

Entre las novedades de este Decreto figura la creación de una registro autonómico de demandantes de vivienda que se coordinará con los registros municipales. La inscripción es voluntaria pero sólo quien esté debidamente registrado podrá acceder a una vivienda protegida (VPO). Todos los procedimientos y gestiones en este área, incluido el registro, se centralizarán en una "gran oficina" que la Consejería de Vivienda está adecuando en la Plaza de las Cervezas de Santander y espera abrir "en mayo o junio".

Sobre el Decreto, Mazón explicó que se han adaptado a las peculiaridades regionales los precios máximos de venta de las VPO, de forma que toda la comunidad autónoma constituye un área geográfica única con los mismos precios máximos salvo Santander, que pasa a ser 'municipio singular del tipo C' -por ser una de las ciudades del país con el precio medio de la vivienda "más alto"-, lo que permite incrementar los precios de la vivienda nueva en un 15% y de la usada en un 20% sobre el establecido para el resto de Cantabria.

De esta forma, los precios máximos de venta por metro cuadrado útil serán en régimen especial de 973 euros; precio general, 1.112 euros; precio concertado, 1.251 euros; régimen autonómico, 1.518 euros; y vivienda usada, 1.112 euros. En Santander capital, los precios máximos fijados son de 1.119 euros; 1.279; 1.439; 1.518 y 1.335 euros, respectivamente. Mazón comentó sobre la catalogación de Santander que el Ayuntamiento no se ha dirigido a la Consejería "en ningún momento para prácticamente nada. Nunca ha dicho ni esta boca es mía", apostilló.

EL PLAN DE VIVIENDA EN CIFRAS

Mazón recordó que el Plan de Vivienda 2005-2008 prevé la realización de 11.754 actuaciones en Cantabria, 5.254 más que el plan anterior, y destacó que la comunidad autónoma tiene destinados para este año 2006 más de 14 millones de euros a tal fin. Según sus estimaciones, durante los cuatro años de vigencia del plan la inversión del Ministerio de Vivienda en Cantabria será de 75 millones de euros, mientras que el Gobierno regional invertirá del orden de 70 millones.

De las 11.754 actuaciones previstas inicialmente, 5.353 se destinan a viviendas de nueva construcción, de las cuales 1.040 se pretende sean VPO de régimen especial, 1.600 de régimen general, 2.000 de precio concertado, y 713 para alquiler; además, se contemplan ayudas para la adquisición de 875 viviendas usadas, y para 2.270 actuaciones de rehabilitación, de las que 900 se prevén dentro de áreas de rehabilitación integral que se delimiten.

El plan también contempla 2.236 ayudas a la urbanización de suelo en actuaciones prioritarias destinadas a viviendas protegidas, 800 ayudas a inquilinos al abono de la renta del alquiler, así como 220 ayudas a propietarios de viviendas que las pongan en alquiler a precios protegidos. Para informar de todas estas ayudas, la Consejería de Vivienda pondrá en marcha en los próximos días una campaña de divulgación.

El decreto establece que tendrán derecho a acceder a una VPO las familias con ingresos inferiores a 6,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que en estos momentos es de 6.707 euros al año. Este límite se reduce a 5,5 veces para las viviendas protegidas de precio general, y a 2,5 veces para las de régimen especial.

AYUDAS

Existe una subvención estatal a fondo perdido para la entrada de la vivienda, de 4.000 euros, destinada a familias con ingresos no superiores a 3,5 veces el IPREM, indicador de referencia creado por el Ministerio de Vivienda que equivale al SMI. Esta cantidad se incrementa a 7.000 euros para familias que no superen 2,5 veces el IPREM, y en 1.000 más para familias numerosas, casos de discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o del terrorismo, así como otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Esta subvención estatal se puede complementar con una ayuda autonómica especial de 2.000 euros dirigida a familias con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM. A todo ello se unen las ayudas vinculadas a los préstamos hipotecarios, consistentes en 48 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante cinco años para familias con ingresos no superiores a 3,5 veces el IPREM o bien 82 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante 10 años cuando los ingresos no superen 2,5 veces el IPREM.

El Plan contempla también ayudas a la rehabilitación que varían entre el 10 y el 25% del presupuesto de la obra, con un límite de 2.280 euros con carácter general, que se eleva a 3.100 euros para los colectivos especiales. Cantidades que pueden incrementarse en un 7%, con un máximo de 200 euros cuando las obras tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética. En Áreas de Rehabilitación Integral estas ayudas podrán llegar a alcanzar el 40% del coste.

Además, el Gobierno de Cantabria mantiene el programa adicional de ayudas a los promotores de viviendas protegidas, consistente en una ayuda directa del 15% del precio de la vivienda de Régimen Especial, y del 10% del precio de las de Precio General. Esta última cantidad se ve reducida al 5% para aquellas promociones de viviendas protegidas de Precio General que sean fruto de obligaciones y acuerdos urbanísticos.

Por su parte, las ayudas al alquiler varían en función de los años de amortización del préstamo cualificado, durante los cuales la renta máxima del alquiler no puede superar el 5,5% del precio máximo legal de la vivienda cuando el periodo en que se va mantener el alquiler sea de 10 años, y del 3,5% de dicho precio cuando la vivienda se mantenga en alquiler durante 25 años. Para los inquilinos, las ayudas alcanzan el 40% de la renta, cantidad que el Gobierno regional incrementa en otro 10% adicional.

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