Acuerdos.- El Gobierno de Cantabria regula por ley la participación institucional de los agentes sociales

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Participación Institucional de los Agentes Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, que establece, entre otros aspectos, las áreas que comprende dicha participación, los integrantes de las mesas de negociación y los principios básicos de su funcionamiento, así como las aportaciones económicas que el Ejecutivo concede anualmente a estas organizaciones, todo ello sobre unas bases "objetivas y transparentes".

El proyecto, elaborado por la Consejería de Empleo y Bienestar Social, conjuntamente con las organizaciones afectadas, se remitirá ahora al Parlamento regional para iniciar su tramitación legislativa, según explicó hoy la vicepresidenta regional y consejera del área, Dolores Gorostiaga, en la rueda de prensa en la que informó de los acuerdos del Gobierno, que ha tramitado inversiones y ayudas por un total de 1,2 millones de euros.

La responsable de Empleo destacó que este proyecto es una "reivindicación histórica" de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Cantabria y que forman parte de la Mesa de Concertación Regional, y a través del mismo se "garantiza y potencia", por Ley, su participación "crítica y constructiva".

Explicó que la Consejería lleva meses trabajando junto con las organizaciones en este documento, que llega al Parlamento tras haber superado un "intenso" periodo de consultas y aportaciones por parte de los agentes sociales, y confió en que el texto obtenga igualmente el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.

Según Gorostiaga, el proyecto parte de la premisa de que, tanto legal, como políticamente es "incuestionable" la función de los agentes económicos y sociales en la planificación y ejecución de la actividad administrativa.

Una participación que es "necesario reforzar" sobre unas bases "objetivas y transparentes" que garanticen, en todo momento y cualquiera que sea el Gobierno que gestione la Administración regional, el "diálogo y la participación permanente" de los agentes sociales, añadió la vicepresidenta.

Gorostiaga precisó que el objetivo es que las organizaciones puedan desempeñar su actividad "con independencia". Así, señaló que las aportaciones nominativas que éstas reciben del Ejecutivo no dependerán del "criterio subjetivo de cada Gobierno", lo que les otorga "mayores garantías de libertad y de independencia".

Para la vicepresidenta, una de las "fortalezas" de nuestra economía y de nuestro modelo social es, precisamente, la participación "rigurosa e independiente"· de los agentes sociales. "Como Gobierno, no buscamos seguidismo", sino participación "crítica y constructiva, recalcó.

VPO EN SIERRAPANDO

Por otro lado, el Gobierno aprobó una subvención de 651.904 euros a Construcciones Pinta para la promoción de 54 viviendas y trasteros y 27 garajes de Protección Oficial en Régimen general en Sierrapando, Torrelavega. También autorizó una ayuda de 316.000 euros a la empresa Sistemas y Construcciones Rivago para la instalación de calefacción central en la promoción de 158 viviendas protegidas en La Penilla, Santa María de Cayón.

En Educación, se aprobó una addenda al convenio con el Ministerio para la mejora de las bibliotecas escolares, con una dotación de 217.584 euros; y se autorizó el nombramiento de Paulino Rabanal como vocal del Consejo Escolar de Cantabria, en sustitución de Miguel Ángel Quintana.

En Sanidad, se aprobó la prórroga de contratos para el suministro de talonarios de recetas y para el asesoramiento técnico veterinario en aspectos relacionados con el bienestar y salud de animales de experimentación, por una cuantía de 239.092 euros.

En Presidencia y Justicia, se aprobó un convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Cantabria para la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Administración de Justicia en la comunidad, que supone una inversión de 47.160 euros.

Estas labores serán realizadas por miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva y del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad.