Administrador dice que se apropió de dinero que había adelantado

   SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El administrador de fincas acusado de apropiarse entre los años 2000 y 2002 de unos 204.000 euros de las cuentas bancarias de 15 comunidades de vecinos de Laredo y Colindres ha señalado que "intentaba recuperar" las cuantías que él había adelantado en pagos de esas comunidades.

   En el juicio, que ha comenzado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha explicado que, como la mayoría de las viviendas de esas comunidades eran segundas residencias, era habitual que hubiese "déficit de tesorería" por lo que él anticipaba pagos con su propio dinero --algunos de ellos de más de 18.000 euros--.

   El acusado, LF.C.F., ha indicado que era su "forma habitual de proceder" y que lo hacía para que las obras y trabajos de limpieza o jardinería que se hacían en esas comunidades de propietarios no fuesen "paralizadas" hasta que volviese a haber tesorería. A

   Se le acusa de un delito continuado de apropiación indebida por el que la Fiscalía le pedía cinco años de prisión, una pena que este lunes ha rebajado a un año de prisión, con el atenuante de dilaciones indebidas, porque considera que LF.C.F. no es responsable de que este proceso judicial se haya visto "paralizado" en varias ocasiones.

   La defensa del acusado ha mostrado su acuerdo con la petición de pena del fiscal --que también le pide una multa de 1.080 euros-- pero no así con la responsabilidad que le reclama y que asciende a los más de 204.000 euros que cree probado que ha defraudado.

   Por ello, y a pesar de aceptar la pena de prisión, el juicio continuará para dirimir sobre la responsabilidad civil, que la Fiscalía también reclama a las tres aseguradoras con las que la empresa del acusado, 'Administración de Fincas Castel S.L.', tuvo contratadas pólizas entre 2000 y 2002.

   En su escrito, el fiscal sólo detalla la petición de responsabilidad civil que reclama a última asegurada que tuvo la sociedad, y que establece en 94.000 euros, debido a que las otras dos se encuentran actualmente en liquidación.

   La acusación particular, que representa a las comunidades de vecinos, también se ha aceptado la petición del fiscal tanto para el acusado como para la aseguradora, pero además pide que el socio de LF.C.F sea responsable civil subsidiario.

   El acusado era el socio mayoritario de 'Administración de Fincas Castel SL', pero como carecía de la titulación correspondiente para ejercer de administrador, montó la empresa junto con este socio, CM.F.A., que sí estaba colegiado como administrador.

   El propio imputado ha asegurado que sólo contó con CM.F.A. para crear la sociedad porque él carecía del título para ejercer como administrador de fincas y ha enfatizado que, a pesar de contar con un 10% del capital social de la empresa --él tenía el 90%--, "no compartimos beneficios ni le rendía cuentas del trabajo que realizaba".

   De hecho, ha afirmado que CM.F.A. "nunca pisó la oficina" de la empresa, que estaba en Laredo. "No tenía remuneración de la sociedad, no participaba y no se beneficiaba de nada", ha añadido el acusado, una versión que su propio socio ha corroborado.

   Así, CM.F.A. ha explicado que él sólo accedió a ayudarle a crear la sociedad para que pudiese seguir trabajando como administrador, una profesión que el acusado había ejercido toda su vida junto a su padre. "Lo hice porque era la única forma de que pudiera seguir trabajando una vez muerto su padre", ha explicado.

   Ha indicado que se colegió como administrador para que LF.C.F. pudiese crear la sociedad y se dio de baja cuando tuvo "conocimiento de la apertura de este procedimiento" debido a las denuncias de las 15 comunidades de vecinos a las que supuestamente había quitado dinero.

   Por otro lado, ha reconocido que, tras el inicio de este proceso judicial, compró algunas fincas y bienes al acusado pero sólo porque "el no tenía para vivir" ya que, "desde que pasó esto, no se ha dedicado a nada".

   El juicio continuará este martes, 10 de noviembre, en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), con las declaraciones de los testigos, principalmente de vecinos de las comunidades afectadas.