(Amp)Acuerdos.-Aprobado el proyecto de ley de Derechos y Servicios Sociales, con 25 prestaciones en cartera de servicios

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión de ayer jueves el proyecto de ley de Derechos y Servicios Sociales, una norma que contempla 25 prestaciones en su cartera de servicios y que pretende "universalizar" estas prestaciones a toda la población, "abandonando la vieja idea de beneficencia" ligada a los servicios sociales para sustituirla por "modernos criterios de reconocimiento de derechos sociales".

Esta norma, que se remitirá ahora al Parlamento de Cantabria, "representa el gran salto de la beneficencia al derecho", una idea en la que coincidieron tanto la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, como la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, quienes presentaron hoy su espíritu y contenidos.

El proyecto se acompaña de una memoria económica para la aplicación de la ley, que se desplegará paulatinamente, al igual que ocurrirá con la ley estatal de Dependencia. La normativa cántabra recoge las determinaciones de la normativa nacional en ese campo, amplía algunas de las medidas y regula también prestaciones en otras áreas de actuación, entre otros, la atención a la infancia y la adolescencia.

Su vocación es "universalizar" las prestaciones sociales para que lleguen a todas las clases, incluidas las "medias y acomodadas", y consolidarlas además como derechos subjetivos exigibles por los ciudadanos. Para ello, "define un sistema público de servicios sociales" que permita "hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a la protección social a través de una cartera de servicios" con un contenido "mínimo" de 25 prestaciones.

Esta futura ley regional de Derechos y Servicios Sociales, además de suponer un "salto cualitativo" en las prestaciones sociales, representará una "espléndida oportunidad" para desarrollar políticas e inversiones que tendrán "importantes retornos económicos" y en el empleo para la región. Así, Gorostiaga aseguró que permitirá crear empleos, hacer aflorar empleo sumergido e incorporar a la Seguridad Social a esas personas que desempeñan funciones como cuidadores sin contrato.

A modo de ejemplo, la vicepresidenta señaló que la creación de 100 plazas residenciales equivale a 50 nuevos empleos. La norma también supondrá más puestos de trabajo en la construcción, un sector en el que se generará empleo al menos durante "ocho o diez años" para la adecuación de centros y construcción de otros nuevos, así como en empresas proveedoras de las residencias y centros.

CARTERA DE SERVICIOS

De las 25 prestaciones que contempla inicialmente el proyecto de ley en su cartera de servicios, 15 son de carácter asistencial y diez económicas. Algunas de ellas ya están implantadas en la región y otras se "consolidan" y adquieren la consideración de derecho a través de esta ley.

El primer bloque de prestaciones incluye servicios como la teleasistencia, servicios de ayuda y comida a domicilio, centros de día, de noche y residenciales, de acogimiento residencial, de transporte adaptado desde el domicilio a dichos centros o de atención temprana, entre otros.

En cuanto a las prestaciones económicas, se prevé la implantación de una Renta Social Básica y se reconocen ayudas de emergencia social y otras -algunas ya en marcha- para complementar las pensiones no contributivas o la prestación por hijo a cargo. Habrá también prestaciones a familias de acogida, jóvenes ex tutelados por la administración que cumplan la mayoría de edad y otras para eliminación de barreras en el domicilio y para favorecer el mantenimiento de la autonomía personal.

El proyecto de ley define ya los "grandes criterios" que marcarán los requisitos para tener derecho a cada una de esas prestaciones. En aquellas relacionadas con la atención a la dependencia, se tienen en cuenta los criterios de la futura ley estatal salvo en algunos aspectos en los que la normativa cántabra avanzará aún más y será más garantista.

Además la ley cántabra hace una interpretación más amplia del "cuarto pilar del estado de bienestar" porque, según Quintana, ese cuarto pilar debe incluir, no sólo la dependencia, sino también la atención a la infancia, la inmigración y todas aquellas situaciones de riesgo de exclusión social.

TRAMITACIÓN

La norma, que se ha elaborado con "amplísima participación" de organismos como el Consejo Económico y Social, la Federación de Municipios de Cantabria, organizaciones y ONG's, y la Comisión de Acción Social, iniciará ahora su tramitación parlamentaria en la que la consejera espera que no haya cambios, salvo que sea para "mejorar o enriquecer" el texto.

Además, una vez aprobada la ley por el Parlamento, deberá abordarse su desarrollo reglamentario y también podrá completarse en un futuro, a medida que se vayan consolidando las prestaciones ahora planteadas y se decida incorporar otras nuevas.

18.000 PERSONAS DEPENDIENTES EN 2015

Entre los beneficiarios de esta ley se encuentran las alrededor de 18.000 personas en situación de dependencia que habrá en Cantabria para el año 2015, según las previsiones del Libro Blanco de la Dependencia. De esas 18.000 personas, explicó Gorostiaga, dos terceras partes serán atendidas mediante recursos formales (residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia...), que precisarán para ello de unos 5.200 empleos.

A eso se añaden además unas 5.000 personas dependientes atendidas por otras tantas personas cuidadoras no profesionales (mayoritariamente mujeres mayores de 45 años), que deberán incorporarse a la Seguridad Social, agregó la vicepresidenta. Por todo ello, Gorostiaga insistió en que los servicios sociales son "uno de los yacimientos de empleo más importantes" y el gasto en esta materia debe interpretarse como "inversión social".