El Gobierno será acusación particular en casos de agresiones y se incorporan sanciones más ágiles en problemas de convivencia
SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El próximo curso, Cantabria contará con una ley que reconocerá a los profesores como autoridad, lo que supone una serie de sanciones cuando se produzcan problemas graves de convivencia, y también con un decreto para dotar de más autonomía a los centros educativos.
Esas son las intenciones del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional, Miguel Ángel Serna, quien ha recordado que se trataba además de medidas incluidas en el programa con que el Partido Popular se presentó el pasado mes de mayo a las elecciones autonómicas.
De momento, ya se cuenta con un anteproyecto de la denominada 'Ley de autoridad del profesorado y la convivencia en los centros educativos', que faculta para adoptar decisiones "rápidas, proporcionadas y eficaces para que se pueda mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje" en los centros, "tanto en horario escolar como extraescolar".
El reconocimiento como autoridad supone que se les equipara con otras autoridades reconocidas, como pueden ser los policías. Cuando se agrede a un policía, el delito se tipifica como atentado a la autoridad, con penas más fuertes que otro tipo de agresiones.
El texto otorga protección jurídica a los profesores --el Gobierno se personará como acusación particular en los juicios en los que estos sean víctimas", y ellos contarán con "presunción de veracidad", esto es, que serán los demás los que tengan que demostrar lo que dicen sobre ellos.
En los centros existen dos tipos de conductas negativas: las contrarias a las normas de convivencia, que acarrean sanciones de tipo educativo; y las "gravemente perjudiciales", que son las que traerán sanciones.
AUTORIDAD AL PROFESORADO
El objetivo de este anteproyecto de ley es, según ha detallado el director general de Ordenación e Innovación Educativa, José Luis Blanco, es que la figura del maestro vuelva a ser "respetada" como lo era "hace años".
Para que las medidas correctoras tengan efectividad, lo que hace falta es que puedan ejecutar "rápidamente".
Las sanciones a actuaciones como actos de indisciplina, deterioro de las instalaciones o consumo de determinadas sustancias pueden reflejarse en la suspensión del derecho a la actividad extraescolar o la asistencia a clase, la adopción de trabajos educativos..., además de la reparación del daño causado, que no es propiamente una sanción.
AUTONOMÍA A LOS CENTROS
La filosofía de la mayor autonomía a los centros persigue que estos sean "protagonistas" y puedan tener más margen de acción y decisión en sus programas, lo que se traducirá en una mejora en los resultados y la excelencia educativa, defienden en Educación remitiéndose a distintos estudios que así lo constatan.
Esto supone también que haya un proceso de evaluación, en la línea de un Contrato-Programa.
Y para ello necesitan autonomía organizativa en lugar de "estructuras encorsetadas", eso sí, con unos "mínimos comunes".
Se trata de eliminar los obstáculos normativos y legislativos que existían al respecto.
