SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha mostrado convencido de que se aceptarán de forma "masiva y prácticamente unánime" los convenios que el Gobierno ha propuesto a 350 afectados por sentencias de derribo, y que prosperarán en los tribunales la "inmensa mayoría" de las autorizaciones provisionales aprobadas para la legalización de 450 viviendas.
Ello permitiría reducir a "una décima parte" el coste del plan de derribos, cuantificado inicialmente en 300 millones de euros. Así lo ha afirmado el consejero este viernes en una rueda de prensa en la que ha informado de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de las últimas propuestas de convenio, las de 20 viviendas de Cerrias, con lo que se cierra esta fase del plan de derribos.
El Ejecutivo espera firmar en mayo el "grueso" de los convenios, en los que se garantiza a los propietarios, en el caso de que no prospere el intento de legalización de su vivienda, el derecho a una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien la sustitución de vivienda por vivienda.
El consejero ha destacado que con los convenios y las autorizaciones provisionales para las viviendas susceptibles de legalización queda "prácticamente resuelta" la vertiente social del problema de los derribos, mientras que la económica queda "muy encauzada", y la jurídica dependerá de lo que sentencien los jueces a medida que se les vayan presentando las nuevas licencias.
Según Fernández, las licencias de Escalante se concederán a lo largo de este año, y en 2016 el "grueso" de Piélagos y Argoños. El consejero ha recalcado que los convenios garantizan a las familias sus derechos frente a cualquier decisión judicial, y garantizan también los intereses generales de la comunidad autónoma, que está así "en condiciones de minimizar el problema económico" de los derribos.
Por ello, ha agradecido la "colaboración y trabajo conjunto" de los afectados, en los que "percibe un elevado grado de satisfacción", así como de los ayuntamientos y distintos departamentos del Gobierno regional.
De los 350 convenios, ya se han firmado los correspondientes a Las Torres en Escalante y La Arena en Arnuero, que suman 100 viviendas. Otras 200 son de Arnuero y 50 de Piélagos (Entrelindes, L05 y 20 de Cerrias). En el caso de La Arena y 11 viviendas del Camino del Portillo en Argoños, el convenio contempla la construcción de una vivienda de sustitución y si ésta no se entregara o no fuera acorde a la que tenían, los afectados tendrán derecho a una indemnización fijada por un perito independiente.
El consejero ha reconocido que quedan "dos flecos importantes". Por un lado, las 17 viviendas de Cerrías en las que está pendiente redactar una propuesta a la Sala "que dé satisfacción a todos los afectados y conjugue intereses contrapuestos". Y por otro lado, entre 40 y 50 viviendas con sentencia de derribo en Argoños donde hay responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, y el Gobierno quiere "ayudar" para que puedan llegar a acuerdos similares.