(Ampliación).- El PP exige al Gobierno que "dé la cara" y depure responsabilidades políticas en el caso de la metadona

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria exigió hoy al Gobierno regional que "dé la cara", aporte "explicaciones contundentes" y depure "las responsabilidades políticas" necesarias en el caso del "engaño, coacción y amenaza" a los pacientes tratados con metadona en el Centro de Salud de Santoña.

La secretaria general del PP, Maria José Sáenz de Buruaga, señaló que dos de los pacientes cuyos datos personales se publicaron en el tablón de anuncios del centro, denunciaron que fueron "manipulados y amenazados" por un alto cargo del Servicio Cántabro de Salud (SCS), para que firmaran un "consentimiento a posteriori", bajo la premisa de que, de no hacerlo, "podrían tener problemas con el tratamiento" de dispensación de metadona.

Estos hechos se hicieron públicos ayer, de la mano del Colegio de Médicos de Cantabria, y para el PP constituyen un "escándalo sin precedentes en el sistema sanitario cántabro", ya que, de confirmarse las denuncias, el SCS habría llevado a cabo "prácticas y métodos más propios de la KGB que de un Gobierno democrático".

"Si a la señora Quintana -la consejera de Sanidad- y a toda su tropa les quedara algo de dignidad, deberían irse solos, pero si no, es el presidente el que tiene que actuar y cesarlos inmediatamente", consideró Sáenz de Buruaga, refiriéndose a la consejera, como máxima responsable de la Sanidad cántabra, el gerente de Atención Primaria del área Santander-Laredo, José Manuel Liendo, y el gerente del SCS, José Alburquerque.

Miguel Ángel Revilla debe "exigir responsabilidades políticas a sus cargos públicos para salvar la honorabilidad de su Gobierno" y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, "dar la cara", ya que "ni siquiera ha sido capaz de recibir" al presidente del Colegio de Médicos, Pablo Corral, "que le solicitó hace diez días una entrevista urgente".

INVESTIGACIÓN

La dirigente popular afirmó que para "aclarar los hechos hasta las últimas consecuencias", el PP utilizará "los medios más adecuados" y no descarta "la solicitud de una comisión de investigación" sobre lo ocurrido. "La palabra ahora la tiene el Gobierno", aseveró, al tiempo que le instó a que se "ponga delante de los ciudadanos para dar la cara".

Sáenz de Buruaga consideró que si los hechos denunciados son ciertos, "se confirma que la Consejería de Sanidad, que ha sido consciente de todo, se ha negado a investigar", ha "avalado públicamente al responsable -de la publicación de datos confidenciales de pacientes- y ha mentido", lo que configura "una actuación carente de escrúpulos", acompañada del "mayor intento de descalificación a los profesionales sanitarios", que denunciaron los hechos.

"No hay más salida que la inmediata depuración y asunción de responsabilidades políticas", recalcó Sáenz de Buruaga, que aseguró que el PP será "implacable en la investigación" para determinar "quiénes han intervenido en todo lo ocurrido".