(Ampl)Santander.- Acordado pedir al Gobierno modificar el PGOU en Montaña, donde ya "han sido cedidos" los terrenos

Piñeiro espera que las familias tengan la solución "en pocas fechas" y el PRC le reprocha que ya se podía haber dado licencia de ocupación

Europa Press Cantabria
Actualizado: viernes, 10 febrero 2006 14:52

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander acordó hoy por unanimidad pedir al Gobierno regional que apruebe una adaptación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que convierta en públicos los terrenos privados de las viviendas protegidas de Nueva Montaña. Para avanzar en esa solución, ya "han sido cedidos" los terrenos, según señaló hoy la portavoz socialista, Ana Rozas, quien recalcó que se "ha llegado a un acuerdo".

Con esta medida que plantea el Ayuntamiento y que requiere para la modificación del plan de esa cesión de terrenos, propiedad de GESVICAN, se pretende dar solución a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la modificación del planeamiento realizada en su día para aumentar la edificabilidad en la zona y construir las viviendas.

El pasado lunes el Consejo de Administración de la empresa pública GESVICAN dio el visto bueno al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, para adoptar tal cesión tan pronto como se formalizara la petición por parte del Ayuntamiento, una petición que, según apuntó hoy el alcalde, Gonzalo Piñeiro, ya ha sido realizada.

Una vez se solvente esta cuestión y con ello la adaptación del PGOU, sólo quedará que el Ayuntamiento otorgue la licencia de primera ocupación para las viviendas, que esperan 432 familias.

El alcalde, Gonzalo Piñeiro, aseguró hoy que esos propietarios "en pocas fechas van a poder tener solución" al problema. Sin embargo, el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, le reprochó que esa licencia "ya se podía haber dado" y "los vecinos podían estar ya en sus casas", por lo que se ha "perdido un tiempo precioso".

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Rozas, mostró el respaldo de su grupo a la propuesta, "al margen de confrontaciones y planteamientos partidistas", y deseó que "a la mayor brevedad posible se puedan entregar las viviendas a los vecinos".

"PREVARICACIÓN"

Piñeiro insistió en que se ha conseguido "la mejor solución" para asegurar que la licencia de primera ocupación de las viviendas pueda darse "con todas las garantías jurídicas" para que las familias "no se encuentren después con otras sentencias". En este sentido, replicó al portavoz regionalista que si se hubiera firmado la licencia sin dar este paso previo se habría cometido "una prevaricación".

"Si yo firmo esa licencia conforme a lo que nos ha pedido el PRC, sabiendo que era ilegal, no tengo duda de que al cabo de pocos días se producen acontecimientos, lo que no sé es si era provocado o no", aseguró Piñeiro, quien agradeció que los técnicos municipales le advirtieran de que no se le "ocurriera" firmar esa licencia. "No hemos caído en la trampa", sentenció el alcalde.

Además, consideró que al Partido Regionalista en el Ayuntamiento "no le ha quedado más remedio" que votar hoy a favor de la propuesta municipal porque "si se pudiera haber hecho de otra manera" los regionalistas no habrían respaldado la iniciativa.

En cambio, Rafael de la Sierra reclamó al alcalde que se le entreguen los informes técnicos que alertaban de esa ilegalidad, que aseguró desconocer y que, a su juicio, deberían haberse incluido en el expediente.

HACERSE CRUCES Y CRUCIFICARSE

Por otro lado, lamentó que el alcalde haya pretendido, a su juicio, "convertir" este problema en una cuestión de "confrontación política" y debatir "quién es el culpable o quién no". Frente a ello, el alcalde confesó "hacerse cruces" escuchando tales afirmaciones y viendo que se le responsabiliza a él de la confrontación política.

"No es para hacerse cruces, sino para crucificarse", concluyó Piñeiro, quien recordó que ha sido un "colega" del portavoz regionalista, el consejero de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Mediavilla, quien acusó al alcalde de tardar en dar la licencia, "sabiendo de la advertencia de ilegalidad".

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