SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión parlamentaria de Economía y Hacienda ha aprobado hoy siete enmiendas de las 48 presentadas por el PP, tres de ellas de forma transaccional, al proyecto de Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que se debatirá en el Pleno del próximo día 20, con otras seis propuestas de enmiendas transaccionales, que podrían contar también con el apoyo de los partidos que apoyan al Gobierno, PSOE y PRC.
Tras dos horas de debate, los diputados aprobaron por unanimidad las enmiendas número 1, 21, 39, 44, 45, 46 (estas tres últimas de forma transaccional), y 48, mientras que se elevaron al siguiente trámite parlamentario, el Pleno, las propuestas de enmiendas transaccionales a las correspondientes a los números 11, 14, 35, 38, 40 y 43, referidas, en grandes rasgos, a sistemas arbitrales, técnica legislativa y cobro al infractor.
En cuanto a las enmiendas que prosperaron por la unanimidad de los tres Grupos, la número 1 explicita el título de la normativa en la exposición de motivos, la 21 se refiere a la colaboración de las escuelas municipales de consumo, la 39 alude a medidas cautelares, la 44,45 y 46, a medidas preventivas (de la que se eliminó el concepto "productos" por "bienes y servicios") y la 48, a técnica legislativa.
Para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sofía Juaristi, el proyecto de ley peca "de ambigüedad" y de "falta de precisión en algunos datos", además de que se "pierden derechos anteriormente reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores", defendiendo sus 48 enmiendas a los cuatro capítulos de la ley y a la exposición de motivos para "mejorar" la "defensa, protección, formación e información" de los consumidores.
COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES
En su primera intervención, el portavoz del Grupo Socialista, José Guerrero, negó esta pérdida de derechos referida por Juaristi, ya que incluso se "aumenta el catálogo de derechos de los consumidores", pues "estamos ante una Ley que incrementa el nivel de compromiso de las Administraciones"
En este sentido, Guerrero añadió que el proyecto de normativa "marca el camino hacia la descentralización de la política del consumo, reconociendo y garantizando el papel de los ayuntamientos, como actores principales de dichas políticas en un horizonte muy próximo", recordando que la Federación de Municipios de Cantabria emitió un documento "en el que consideraba a la ley muy respetuosa con el ámbito local".
Por su parte, el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, aludió a preceptos "inconstitucionales" en algunas de las enmiendas 'populares', como la número 20, ya que "la Comunidad Autónoma de Cantabria no es competente para regular los mecanismos de documentación del contrato", inconstitucionalidad que fue posteriormente rechazada por Juaristi en su turno para fijar posiciones.
Los dos portavoces del PSOE y PRC reprocharon al PP la "descoordinación" entre enmiendas, o de "correcciones a la baja" del articulado, a lo que Juaristi respondió luego que ni hay "incoherencias ni contradicciones" en ninguna de sus 48 enmiendas sino que hay por detrás "un estudio serio" y con "mucho rigor", insistiendo en la necesidad de que quede "más explícito" cuestiones como "el arbitraje".