SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la asociación ecologista ARCA, Gonzalo Canales, ha anunciado hoy que han pedido a la Fiscalía de Cantabria una reunión para instar a la reapertura del proceso penal contra los responsables de "la catástrofe" de la construcción de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera, en Suances, sobre la que pesa una sentencia de demolición del Tribunal Supremo (TS).
La sentencia demolitoria de la depuradora se dictó el pasado mes de noviembre, por la que se anulaba el acuerdo adoptado el 27 de abril de 2001 por el Consejo de Ministros, que declaró como zona de reserva una parcela de terreno de 87.450 metros cuadrados para la construcción de la EDAR de Vuelta Ostrera, ordenando la demolición de dichas obras, ya concluidas.
Canales y el vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, informaron en rueda de prensa que hoy mismo han pedido a la fiscal jefe de Cantabria, Pilar Martín Nájera, una reunión para abordar que se retomen las diligencias contra los responsables del "relleno ilegal de 87.0000 metros cuadrados de la marisma de Cortiguera", con el fin de depurar responsabilidades políticas.
Herrera denunció que "no se ha cesado ni siquiera al máximo responsable técnico de esta obra", el "actual director general de Puertos y Costas de Cantabria, José María Díaz", además del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, Ramón Álvarez Maqueda, y Emilio Flor, jefe del Servicio de Medio Ambiente.
Los representantes de la asociación ecologista aseguraron que Martín Nájera debe de tomarse "en serio" de "una vez por todas" este "tipo de cuestiones", y reabrir las diligencias contra estos responsables por delitos de "prevariación, contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio".
Dichas diligencias fueron archivadas en diciembre de 2001 tras la declaración de reserva efectuada por el Consejo de Ministros, si bien dicho acto ha sido el anulado por el TS, tras el recurso interpuesto por ARCA.
Herrera aseguró que, tras haber esperado "medio año" para ver si "la clase política" respondía ante una "catástrofe de estas dimensiones", ARCA ha decidido "casi con la espada en el pecho" acudir a la "vía penal", dado que no ha habido ceses ni dimisiones de los responsables.
CONSECUENCIAS "POSITIVAS" DE LA SENTENCIA
El presidente de ARCA aseguró que la ejecución de la sentencia de demolición de Vuelta Ostrera se está cumpliendo de forma "absolutamente correcta" por parte del Ministerio de Medio Ambiente, quien suscribió con la asociación un acuerdo "de lo más correcto y más honesto" para que se demoliesen las instalaciones "por fases" hasta que esté en funcionamiento otra EDAR que cumpla con todas las garantías legales.
Además, Canales hizo referencia a las consecuencias "positivas" que está originando la sentencia, como la revocación por parte del Consejo del Agua de la CHN del pasado 26 de abril sobre la licencia de vertidos a Sniace.
Canales fue claro al asegurar que Sniace "tiene que depurar sus vertidos sin contaminar", y si no lo hace, entonces debe "pagar", ya que la factoría torrelaveguense "no ha mostrado ningún interés en cumplir" los requisitos medioambientales.
Otra consecuencia directa es que el Ministerio de Medio Ambiente ya no "está dispuesto" a consentir "este modelo de saneamientos" que, como el diseñado para el saneamiento de la cuenca baja del sistema fluvial Saja-Besaya, "ambientalmente no son correctos".
Por último, y en relación con la EDAR de Vuelta Ostrera, tras que la Abogacía del Estado haya remitido al TS la forma en que se aplicará la demolición de la misma, ARCA confía en que el Alto Tribunal traslade "en breve" si se acepta, para, en este caso, estudiar si se presentan alegaciones.