Deberán abonar entre 9.000 y 12.000 euros a 22 propietarios por los daños morales sufridos por la próxima demolición de sus casas
SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha hecho hoy pública una sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Argoños y el Gobierno de Cantabria por los daños morales ocasionados a 22 propietarios de la urbanización Las Llamas II (en Argoños), a los que deberán de indemnizar con 9.000 euros si se trata de la segunda vivienda y con 12.000 euros en el caso de que esté catalogada como primera.
Ambas administraciones reciben esta sentencia tan sólo dos días después de que la misma Sala fallara otra sentencia en idénticos términos, sólo que en aquella ocasión para los setenta propietarios de la urbanización 'Pueblo del Mar I', también en Argoños.
Dado que todos los propietarios de 'Las Llamas II' adquirieron sus adosados antes de que se hiciera efectiva por sentencia la ilegalidad de los mismos, "los recurrentes ni conocían ni podían conocer la posible existencia de un proceso judicial pendiente", con lo que todos cobrarán dichas indemnizaciones.
La anulación de la licencia de obras, concedida por el Ayuntamiento de Argoños el 17 de julio de 1997, se dictó en sentencia del 22 de marzo de 2000, declarando ilegales las construcciones.
El TSJC estima que los propietarios de la urbanización 'Las Llamas II', promovida por la empresa 'Satec SL', vienen padeciendo a cuenta de la sentencia de derribo firme de sus casas "zozobra, inquietud, inseguridad y amenaza cierta de la pérdida de sus viviendas", reconociendo su derecho a un "resarcimiento económico" por daños morales.
En cuanto a las indemnizaciones por la pérdida propiamente de las viviendas, la Sala, presida por María Teresa Marijuán, concluye que dado que las demoliciones no se han producido todavía, "será en el momento en que se lleve a cabo la orden de demolición cuando podrán determinarse en su integridad los perjuicios causados", tal y como se está asentando en la jurisprudencia reciente con estos casos.
DEPURAR RESPONSABILIDADES
Ante este nuevo fallo judicial, la Asociación de Damnificados por la Administración (AMA) ha remitido un escrito en el que piden que se "depuren responsabilidades", por tratarse de "la segunda condena en el plazo de 72 horas".
Es por ello que AMA insta a los representantes del Gobierno regional y al Parlamento de Cantabria "a que tomen decisiones políticas para que los que se adquirió siendo legal vuelva a serlo y acabemos con este sufrimiento y con esta injusticia".
"El coste del derribo de la viviendas y sus indemnizaciones correspondientes supondría el pago a través de impuestos de más de 100.000 de las antiguas pesetas por familia de nuestra comunidad", según AMA, con lo que si Ayuntamientos como "Argoños y Arnuero pagan de su arcas las indemnizaciones, estarían sin presupuesto municipal más de 20 años".
AMA -integrada en su mayoría por familias vascas- culpabiliza al presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y a la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, como los "responsables políticos de esta situación", pues "el señor Revilla además tiene responsabilidad directa de sus actuación en anteriores Gobiernos, entre ellos como presidente de la Comisión Regional de Urbanismo", mientras que Gorostiaga "ni recibe a la víctimas, ni cumple su palabra".
Por último, AMA solicita "a los diferentes estamentos de las justicia que la víctimas no paguen los posibles delitos, faltas, negligencias o errores de los responsables políticos".
