La Asamblea Santander Saludable afirma que el Ayuntamiento ha remitido al juzgado información "incompleta" sobre la ZBE

Apunta a la necesidad de conocer si se está aplicando el régimen sancionador de la ordenanza

Archivo - Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander.-ARCHIVO
Archivo - Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 19 noviembre 2026 10:37

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha denunciado que el Ayuntamiento ha entregado información "incompleta" sobre la contaminación de la ciudad que el juzgado le requirió tras el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción, como integrante de esta plataforma.

Así lo ha señalado en un comunicado, después de que la Justicia diera tres días de plazo al Consistorio para que aportara los datos relativos a las estaciones de medición de la calidad del aire y del ruido instalados en la ciudad y utilizados para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Ha apuntado a que los archivos se han aportado en un formato que "dificulta su análisis" y que el periodo de mediciones, en algunos casos, es de dos meses y no de los doce que exige la normativa.

"No debemos olvidar que dicho estudio ha sido financiado con ayudas de los fondos europeos, lo que exige el cumplimiento de la normativa de transparencia y de facilitar el acceso a la información a la población", han recalcado desde la Asamblea, que ha denunciado que el Consistorio "no ha cumplido" ni con la financiación europea ni con la norma al no estar los datos solicitados publicados en la web municipal.

Según han indicado, la documentación aportada, "que se presupone que ha formado parte del expediente para la redacción del proyecto (sin firma) de ZBE redactado por la empresa WSP --heredera de Apia XXI--", se ha entregado en 19 archivos en un formato que "ha dificultado su análisis" y que, según ha comprobado la plataforma, es "manifiestamente incompleta", por lo que resulta "insuficiente para verificar el diagnóstico ambiental que justifica la implantación de la Zona de Bajas Emisiones".

El colectivo ha señalado que las diez estaciones de medición de la calidad del aire repartidas por la ciudad, de nueve de ellas solo se han aportado datos de dos meses y de un mes de otra, "muy lejos de los nueve meses (entre septiembre de 2024 y mayo de 2025) que se han controlado y recogido información de los parámetros establecidos, y más aún de los 12 que establece la normativa, y de una estación solo facilitan datos de menos de un mes".

Además, han añadido que los archivos "no permiten identificar con claridad a qué estaciones corresponden las mediciones".

Por tanto, han concluido que los datos facilitados ahora al juzgado son "parciales" y no permiten a los técnicos de la Asamblea comprobar la metodología, la representatividad de las mediciones ni la validez de las conclusiones del diagnóstico ambiental.

Asimismo, desde la Asamblea se han mostrado sorprendidos porque no incluye "ningún registro" de los 40 sonómetros instalados en la ciudad con los datos del ruido recogido, lo que, en su opinión, pone de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de "ocultar" información, incluso a instancias judiciales.

También han incidido en que el propio proyecto de la ZBE "reconoce incumplimientos de los niveles de contaminación en seis de las diez zonas evaluadas", concretamente Marqués de la Hermida, Calle Alta, Valdecilla, Plaza de las Estaciones, Numancia y Salesianos.

Sin embargo, han denunciado que ninguna de estas zonas identificadas por sus episodios de contaminación ha sido incluida en la delimitación de la ZBE ni ha recibido la consideración de Zona de Especial Sensibilidad (ZES).

A esta situación han sumado los resultados de las campañas de medición realizadas por Ecologistas en Acción en centros educativos de Santander.

Según sus resultados, de los 16 centros evaluados, 14 superan los límites legales de contaminación establecidos por la Unión Europea, destacando especialmente el IES Alberto Pico, situado en la calle Castilla.

Estas circunstancias, han subrayado desde la Asamblea, coinciden con las "deficiencias" advertidas en las alegaciones que presentó, que ya señalaban "la ausencia de un diagnóstico ambiental completo y verificable en materia de contaminación, ruido y tráfico", así como "la falta de delimitación formal" de Zonas de Especial Sensibilidad y de medidas específicas de protección para estos entornos, tal como contempla el Real Decreto 1052/2022.

Para la Asamblea Ciudadana Santander Saludable, estas "carencias comprometen la justificación técnica de la actual delimitación de la ZBE y ponen en cuestión su idoneidad y eficacia para proteger la salud de la población".

Ha insistido en que la zona delimitada se limita prácticamente al Ensanche, con una superficie de apenas 0,2 km2, equivalente a tan solo el 0,6% del término municipal de Santander.

Una delimitación "tan reducida que deja fuera importantes áreas de la ciudad" y, especialmente, varios de los puntos en los que "el propio diagnóstico del proyecto reconoce problemas de contaminación, como Marqués de la Hermida, Calle Alta, Valdecilla o la Plaza de las Estaciones.

FALTA DE VOLUNTAD SANCIONADORA

Por otra parte, el colectivo ha denunciado que "la falta de voluntad y de transparencia municipal" sobre el funcionamiento de la ZBE también se pone de manifiesto en su régimen sancionador.

Ha recalcado que, según los datos hechos públicos por el propio Ayuntamiento, entre abril y julio de 2026 se registraron 3.239 posibles infracciones por accesos de vehículos no autorizados, de las que 2.697 fueron validadas y correspondían a 2.308 matrículas diferentes.

Sin embargo, ha apuntado que "se desconoce cuántas de estas infracciones han dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores, cuántas denuncias se han notificado y cuántas sanciones se han impuesto finalmente".

La ordenanza municipal establece que estos accesos constituyen infracciones graves, sancionadas con 200 euros, por lo que "deben tramitarse los correspondientes procedimientos sancionadores cuando se acredita el incumplimiento".

Por ello, la Asamblea considera "necesario" conocer si el Ayuntamiento está aplicando efectivamente el régimen sancionador que aprobó en la ordenanza o si "las miles de infracciones detectadas se están quedando en simples registros de cámaras sin consecuencias administrativas ni sanción".

Finalmente, han exigido "transparencia" y conocer si la ZBE "funciona realmente conforme a la normativa que justifica su implantación".

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