El fiscal pide cinco años de prisión para los dos principales acusados y dos años para el resto
SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a lo largo de la próxima semana a 18 personas acusadas de defraudación a la Seguridad Social a través de una empresa de venta de vehículos y construcciones y reparaciones, para los que la Fiscalía solicita penas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión.
Está previsto que el juicio se desarrolle los días 21, 22, 24 y 25 de noviembre, en sesiones que darán comienzo a las 9.30 horas.
Según el escrito del ministerio fiscal, dos de los acusados adquirieron la citada empresa, que hasta ese momento presentaba y abonaba las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados. Sin embargo, desde que tuvo lugar la compra, la empresa presentaba los boletines de cotización pero no realizaba ingreso alguno por las cuotas.
"La empresa no tenía un domicilio social y fiscal real, no contaba con un centro de trabajo y no contaba con los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos en el sector de la construcción y/o venta de vehículos", señala el escrito.
Y añade que nunca tramitó licencias para desarrollar sus trabajos y tampoco ha podido aportar ningún contrato mercantil de obra o servicios ni facturas por trabajos realizados, "y ello porque nunca se prestó ninguno, siendo una empresa sin actividad real".
En estas circunstancias, los dos acusados, "simulando íntegramente una relación laboral inexistente y conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos, tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores".
Además, les mantuvieron en esa situación "durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo, sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social".
Después, les entregaron el documento de cese de la relación laboral y el certificado de empresa, facilitando de este modo que los supuestos trabajadores percibieran prestaciones.
El resto de los acusados son personas que se concertaron con los dos anteriores y firmaron contratos de trabajo, "aun a sabiendas de que nunca iban a desarrollar actividad laboral alguna", relata el fiscal.
A cambio de obtener la contratación ficticia, estas personas habrían hecho entrega a los otros dos acusados de cantidades de dinero que no han podido ser determinadas.
PENAS
La Fiscalía considera los hechos un delito continuado de falsedad en concurso con un delito de defraudación a la Seguridad Social, merecedor, en el caso de los dos principales acusados, de una condena de cinco años de prisión para cada uno, multa de 441.044 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales y de la Seguridad Social durante ocho años.
Para los demás acusados, solicita una condena de dos años de prisión y multa de 4.500 euros. Además, pide que, en concepto de responsabilidad civil, estos indemnicen al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las cantidades que cobraron indebidamente.
La Tesorería General de la Seguridad Social y el SEPE ejercen la acusación particular y se suman a la petición de pena que realiza la Fiscalía para los dos principales acusados.
Para el resto, solicitan que la pena de prisión sea un poco más elevada: dos años y un mes de prisión, con la multa de 4.500 euros que también pide el ministerio fiscal.
Además, en el caso del SEPE, pide, en concepto de responsabilidad civil que los dos principales acusados le indemnicen conjuntamente con 65.230 euros, y el resto de acusados en la cuantía de las cantidades percibidas indebidamente.
