Publicado 26/11/2019 19:26CET

La Audiencia mantiene a Santullán como acusación en el juicio de La Loma y avala la instrucción

Segunda sesión de cuestiones previas del juicio de La Loma
Segunda sesión de cuestiones previas del juicio de La Loma - EUROPA PRESS

La sala observa "alguna pequeña irregularidad procesal" pero no defectos de forma que justifiquen la nulidad de la macrocausa

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia provincial ha desestimado la práctica totalidad de las peticiones formuladas por las defensas en las cuestiones previas del juicio de 'La Loma', de forma que la Junta Vecinal de Santullán se mantiene como acusación particular, y el juicio sigue adelante tras descartar la sala la nulidad de la instrucción, en la que reconoce que se ha producido "alguna pequeña irregularidad procesal".

Así lo señala la Sección Tercera en un auto contra el que no cabe recurso, y que dará paso al comienzo de las declaraciones de los acusados, 13 en total entre Fiscalía y Junta Vecinal de Santullán, entre ellos los exalcaldes de Catro Urdiales Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, que se enfrentan a distintas penas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental según los casos, por irregularidades en el desarrollo urbanístico de La Loma.

El presidente de la sala, Agustín Alonso, ha explicado este martes el contenido del auto a las partes, y les ha emplazado a la sesión de este miércoles en la que podán formular protesta si lo consideran oportuno. A continuación comenzarán las declaraciones de los Declararán en primer lugar el exarquitecto municipal Pedro Restegui y la extécnico de Urbanismo Yolanda Sánchez.

La causa, con 103 tomos y múltiples anexos y piezas separadas, se ha quedado en 13 acusados de los 45 iniciales tras la decisión de la Fiscalía de "contraer" los hechos a enjuiciar al SUNP-12 y retirar los cargos a 39 acusados, lo que propició la retirada del procedimiento de todas las acusaciones particulares salvo Santullán.

LA AUDIENCIA AVALA LA INSTRUCCIÓN

En el avance del contenido del auto que resuelve las cuestiones previas, el presidente de la sala se ha mostrado "de acuerdo" con las defensas en la existencia de "alguna pequeña irregularidad procesal" en la instrucción, pero en ningún caso defectos que deban dar lugar a la nulidad del procedimiento, instruido en su mayor parte por el polémico juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado n 2 de Castro.

La sala concluye que "no ha habido una vulneración del derecho a un juez imparcial", como argumentaban las defensas, entre otras cosas porque "han intervenido tres jueces diferentes y todas las resoluciones han sido formalmente correctas". El magistrado ha señalado que es una cuestión previa que en todas las macrocausas se suele alegar por las defensas.

La sala tampoco ha encontrado "elementos que permitan deducir que la investigación haya sido de naturaleza genérica, prospectiva o inquisitiva", como también alegaron las defensas. En ese sentido, el presidente de la Sección Tercera ha explicado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "deja claro que la prospectividad de la investigación se refiere únicamente a vulneración de derechos fundamentales, no en relación a una instrucción o un sumario".

LEGITIMACIÓN DE SANTULLÁN

Por otro lado, la sala ha ratificado la legitimación de la Junta Vecinal de Santullán como acusación particular, porque "ejerce derechos sobre cuestiones que le interesan" como es la invasión de unos caminos en el SUNP 12, y la legislación otorga a las entidades locales las mismas potestades y prerrogativas que los municipios con excepción de la potestad expropiatoria y la tributaria.

Si los caminos son o no de su propiedad, si generaron aprovechamiento y si éste es exclusivo de la Junta Vecinal o no, son cuestiones "de fondo" que tendrán que verse en el juicio y resolvere en sentencia. "Nos lo dirá la prueba", ha explicado el magistrado.

De esta forma, la sala "admite" a la Junta Vecinal como acusación particular, y reconoce su legitimación activa para ejercitar acciones penales en todos los delitos formulados, incluido el de cohecho, con una única excepción, la acusación contra la exconcejala Concepción Carranza por falsedad continuada en documento oficial, que la sala descarta por "extemporánea y sorpresiva", dado que no figuraba en el primer escrito de acusación de Santullán y se formula ahora por primera vez.

Por otro lado, la sala ha acordado "acotar" la prueba y no valorar a efectos probatorios las declaraciones en calidad de testigos de las personas que después fueron imputadas. Y "si no aparece", tampoco valorará el informe patrimonial de rastreo de las cuentas del exalcalde Díaz Helguera, al que la Fiscalía acusa de un presunto delito continuado de cohecho.

El magistrado ha explicado que no han conseguido encontrar la providencia en la que se acuerda que declare como imputado y la orden de que se investigue su patrimonio. "No podemos decir que la prueba sea nula, sería deseable hacer una búsqueda, si no aparece la sala no valorará el informe", ha sentenciado.

13 ACUSADOS

Junto a los exalcaldes, la fiscal Pilar Santamaría únicamente ha formulado acusación contra el exarquitecto municipal Pedro Restegui; la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez; el exsecretario municipal, César Sáiz; y el director de obra Valentín Galdós Tobalina, por prevaricación, cohecho y falsedad documental según los casos.

La Junta Vecinal también ha formulado acusación contra el exalcalde Muguruza, César Saiz, Pedro Restegui y Valentín Galdós, y contra otras siete personas más: los concejales José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; y Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal.

La Fiscalía pide que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; así como la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11). También pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

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