El Ayuntamiento ahorra 37 millones con sus cuatro planes de austeridad

El Ayuntamiento de Santander ha obtenido un ahorro de 37 millones de euros mediante la implantación de cuatro planes de austeridad en los últimos tres años, según asegura la Administración local en un comunicado.

La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha recordado que las medidas de ahorro puestas en marcha por el equipo de Gobierno afectan no sólo al gasto en personal o a las telecomunicaciones, sino que, además, incluyen la licitación de los principales contratos y suministros como los de combustible, electricidad y correos.

La edil explicó que el Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de Santander "no ha prorrogado ningún contrato" e insistió en que todos han sido "revisados a la baja, con un mínimo del 10 por ciento".

"Los principales y más importantes suministros como el de combustible, electricidad o correos ya han sido licitados", afirmó la edil, quien hizo hincapié en que el Consistorio santanderino es "pionero" en España en la contratación del suministro de combustible para los autobuses municipales a través de una subasta electrónica quincenal, en la que se obtiene "el mejor precio".

La concejala de Economía y Hacienda aseguró que ninguna consultora privada tiene los datos necesarios para poder hacer un estudio sobre la optimización de los costes en el Ayuntamiento de Santander y, por ello, aseguró que cualquier cifra que puedan ofrecer al respecto "no está basada en ningún razonamiento técnico".

En este sentido, rechazó la propuesta de las consultoras privadas de gestionar, a través de la iniciativa privada, una función que el Consistorio santanderino realiza gracias a un equipo de técnicos municipales "altamente cualificados".

"La idea de externalizar la gestión municipal de la contratación que deben hacer los técnicos municipales es un despifarro de los recursos propios ya que, adicionalmente, la consultora privada que hace esa gestión cobra por ello y el equipo de técnicos municipales de alta cualificación no realiza la función encomendada, duplicando así los costes de gestión municipales y, en consecuencia, generando mayores costes a las arcas públicas", argumentó González Pescador.