SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El chiringuito de la playa de Ajo que regenta Domingo Herrero, 'Mingo', continúa en pie a pesar de que hoy se cumplía el plazo previsto por el Ayuntamiento de Bareyo para la demolición del establecimiento, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
De esta forma, sigue sin ejecutarse el que hubiera sido el primer derribo de la comunidad autónoma en cumplimiento de una sentencia judicial, situación en la que se encuentran en Cantabria unas quinientas viviendas en distintos municipios costeros de la región.
El primer intento de derribo se produjo el pasado 24 de noviembre, pero la presencia de cientos de personas, amigos de la familia o clientes del local, frente a las palas y la decisión de las autoridades municipales, entre ellas el alcalde, el regionalista José de la Hoz, frustró la demolición.
El Ayuntamiento aplazó entonces el cumplimiento de la sentencia hasta el día de hoy en que se ha repetido la presencia de vecinos y amigos de 'Mingo', aunque pese a la afluencia "todo estuvo bastante tranquilo" y "no pasó nada", según relató a Europa Press 'Mingo'.
El local tiene una superficie de unos 100 metros cuadrados, y también sirve de vivienda a su propietario y a su esposa. En 2002 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento al bar-restaurante, a raíz de una denuncia de varios vecinos, entre ellos los propietarios de un camping y un hotel cercanos.
La solución que el Ayuntamiento de Bareyo ha planteado al Gobierno de Cantabria, es lograr el cese del negocio de forma que el establecimiento se convierta en la residencia habitual de 'Mingo' y se incluya así en el Plan del Ejecutivo regional para las viviendas afectadas por sentencias de derribo.
En declaraciones a esta agencia, el representante de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Tomás, explicó que existen "muchas dudas" sobre el futuro de este negocio, al no haberse producido ninguna notificación sobre el derribo, por lo que lamentó la "incertidumbre" generada.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), --entidad que agrupa a varios afectados por las sentencias firmes de demolición--, Antonio Vilela, consideró que la posibilidad de que el chiringuito se convierta en vivienda es la más fácil.
"Este señor no se puede quedar en la calle de ninguna de las maneras", aseveró en declaraciones a Europa Press Vilela, quien no obstante precisó que la decisión final deberá adoptarla la juez que sigue el caso.
Para Arca, esta situación prueba su planteamiento contrario al Plan para las sentencias de derribo, ya que con él cualquier ciudadano que esté afectado por una decisión judicial puede tratar de estar incluido en las medidas del Gobierno.
De esta forma, según aseguró a esta agencia el vicepresidente de Arca, José Ángel Herrera, se da "patente de corso" a los ayuntamientos para que "sigan incumpliendo la ley".
