Los funcionarios que inspeccionaron las viviendas donde se habían inscrito 17 personas afirman que "no había nadie en ninguna ocasión"
SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde pedáneo de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio), el socialista Juan Luis Ruiz, ha afirmado hoy que su predecesora, Celia Seco Ortega (IU), acusada de una presunta estafa a la Ley de Régimen Electoral por autorizar el empadronamiento de 17 personas justo antes de las elecciones de mayo de 2003, quería "beneficiarse del resultado electoral", en un pueblo de algo más de cuarenta habitantes.
"Inducía a estas personas a empadronarse", añadió Ruiz, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, sobre los otros 16 acusados de un delito de falsedad de documento oficial. En este sentido, otra persona más que también se dio de alta justo antes de las elecciones (la número 17) y que también estaba procesada falleció antes del juicio, mientras que otra será juzgada aparte debido a una enfermedad que la imposibilita declarar actualmente.
Ruiz también reconoció que hay abierto un contencioso contra el Concejo Abierto de Celada por una distribución de pastos comunales, y una querella criminal archivada, a instancias de Seco Ortega.
El actual alcalde pedáneo también indicó que en las elecciones de 2003 ganó frente a la candidatura de Seco Ortega por "dos votos", diferencia que la propia acusada cifró ayer en tan sólo "un voto".
Durante la jornada de hoy también declaró como testigo el alcalde de Campoo de Enmedio, el socialista Carmelo Hijosa, ya que el propio Ayuntamiento se presenta como acusación particular, pues fue la institución que inició el procedimiento que dio lugar a que se dieran de baja de oficio los nuevos empadronamientos el 15 de mayo, diez días antes de las elecciones.
Hijosa indicó que le pareció "muy extraño" que "en diez días" de febrero de 2003 "se empadronaron 20 personas" en un pueblo "de 43". "Tengo el deber de velar por el buen funcionamiento del padrón municipal", añadió el alcalde de Campoo de Enmedio, por lo que dio orden de comprobar si realmente esos nuevos vecinos vivían en las casas en que se habían domiciliado, tres, propiedad de Seco Ortega.
Sobre este punto, ayer cinco de los procesados afirmaron ante el Tribunal que fueron personas de la coalición política "de IU" las que les ofrecieron "vivienda gratis" en Celada a cambio de empadronarse, sin concretar con nombres y apellidos quiénes les hicieron la propuesta.
Hijosa expuso que "llovía sobre mojado" porque desde las elecciones de "1987", se producían estos empadronamientos presuntamente fraudulentos justo "antes de las elecciones". Respecto a los hechos que se juzgan de las elecciones de mayo de 2003, el primer edil socialista indicó que fue la propia Seco Ortega quien "dio autorización" de los empadronamientos.
Tanto el alguacil municipal como un funcionario y un trabajador laboral del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio a los que les fue encomendada la labor de inspeccionar si los nuevos empadronados residían en Celada, afirmaron que durante "cinco o seis días" alternos del mes de febrero fueron hasta en "tres horas distintas" diariamente, y "no había nadie en ninguna ocasión" en las viviendas, si bien dichas visitas nunca se giraron durante el fin de semana.
MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DEL PADRÓN
Por su parte, el delegado provincial de Estadística, Gonzalo Sánchez, confirmó que actuaron a instancias de la denuncia del Ayuntamiento de Campo de Enmedio respecto a "reclamaciones al censo" por empadronamientos "de una forma masiva" en Celada.
Sánchez precisó que a efectos estadísticos se consideran empadronamientos "extraordinarios", cuando sobrepasan "el cinco por ciento" de la población habitual, lo que en 2003 se dio traslado a Fiscalía respecto a "cinco ó siete entidades menores".
También prestó hoy declaración el actual secretario de la Pedanía de Celada y primo de Seco Ortega, quien puso en cuestionamiento que ocho familiares de la acusada quisieran poner un negocio rural como motivo del empadronamiento, tras añadir que estos empadronamientos antes de las elecciones se venían produciendo desde "1987".
La Fiscalía elevó a definitivas su petición de cuatro años de prisión, otros tantos de inhabilitación y multa de 6.750 euros para Celia Seco Ortega, y de entre un año y seis meses de cárcel para los otros 16 procesados, con multas de 3.600 euros para cada uno de ellos, por delitos de falsedad en documento público.
Las defensas de todos los acusados niegan los hechos y piden la libre absolución, mientras que la Acusación Particular pide penas de un año de prisión y multa para 16 de los acusados y eleva hasta tres años su petición en el caso de la ex alcaldesa pedánea, para la cual también pide multa y dos años de inhabilitación, quedando el caso visto para sentencia.
