SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cantabria redujo de forma efectiva un 36,7 por ciento las entidades dependientes de su sector público instrumental autonómico entre 2010 y 2016. Además, la reestructuración del sector público instrumental autonómico realizada en el periodo fiscalizado ha supuesto 27 bajas y 4 altas en la región.
Así se desprende de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la extinción de entidades dependientes de las comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia. En él, se detalla que Cantabria redujo este sector un 36,7%, Castilla La Mancha un 60,8%, Extremadura un 22,2%, La Rioja un 23% y Murcia un 51%.
En el informe, se indica que se ha verificado el cumplimiento de la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como autonómica, en los procesos de reordenación para la extinción y creación de entidades, pero "se han observado particularidades y deficiencias en alguno de los procedimientos de reestructuración efectuados por las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja".
Y en el caso de las otras tres comunidades autónomas abordadas en el informe, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, se les aconseja que deberían valorar "eventuales duplicidades e ineficiencias de entidades públicas actualmente vigentes".
Este informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objetivo analizar las entidades existentes en el periodo fiscalizado, 2010-2016; los procesos extintivos y constitutivos de conformidad con los planes o medidas de reestructuración elaborados por las comunidades autónomas, así como los efectos que ha tenido la reducción, en su caso, en el número de empleados que han causado baja efectiva y en el destino del patrimonio de las entidades extinguidas.
Esta fiscalización abarca las entidades dependientes de las comunidades autónomas que carecen de OCEX: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia.
Se trata de entidades en las que la participación autonómica supera el 50% del capital o de los órganos de representación. De esta fiscalización se han excluido las universidades y sus entidades dependientes, las corporaciones de derecho público y las asociaciones, ya que no cumplen la función instrumental de la comunidad autónoma.
Tras la realización de esta informe y su aprobación por el Pleno, el Tribunal de Cuentas tiene previsto elaborar -en coordinación con los Órganos de Control externo de las comunidades autónomas-, un informe de carácter global que abarcará los resultados de las fiscalizaciones realizadas por estos Órganos, en relación con su respectivo ámbito de actuación, con el objetivo de ofrecer una información conjunta sobre los procesos de reestructuración del sector público instrumental autonómico en todo el ámbito nacional.
