CC.OO reclama el Plan de prevención esta legislatura y exige que no se limite a "una declaración genérica de principios"

Actualizado: sábado, 7 octubre 2006 13:43

Considera "inaceptable" que se pretenda financiar el Consejo Asesor de Salud Laboral con fondos de los agentes sociales

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria reclama de forma "urgente" la "puesta en marcha" de un Plan estratégico de prevención de riesgos en la región que, a su juicio, "en ningún caso debe dejarse para la próxima legislatura o resolverse con una declaración genérica de principios para introducir en un programa electoral".

El sindicato señala que, si bien hay ya algunos "borradores" para llevar a cabo dicho plan, "aún no existe de forma definitiva" y "urge su puesta en marcha", que se pretende abordar en el marco del Consejo Asesor de Salud Laboral.

Pero ésta no es la única reivindicación de CC.OO. en materia de prevención de riesgos en Cantabria, sino que plantea también otras como la creación de ese Consejo Asesor de Salud Laboral, en el que se enmarcaría el Plan estratégico de prevención; o del Instituto Cántabro de Prevención de Riesgos Laborales.

Esas reivindicaciones se plasman en un documento de la organización sindical, fechado en septiembre de este año, al que tuvo acceso Europa Press. En él se hace un balance general de la aplicación del Acuerdo de Concertación Social 2005-2007, se señalan aquellas cuestiones que no se han cumplido y se incide en las que, en opinión del sindicato, deberían resolverse de forma inmediata.

En dicho balance, el sindicato alerta sobre la situación del futuro Consejo Asesor de Salud Laboral, "que sustituiría con funciones importantes en un futuro a la actual Comisión Cántabra de Salud". Aunque existe ya un "borrador normativo acordado por los agentes sociales y la Administración", no está cerrada la financiación, explica la organización.

Así, según sostiene el sindicato, no sólo "no hay financiación" para la creación de ese Consejo Asesor, sino que además "la Dirección General de Trabajo" del Gobierno cántabro "pretende que un 30%" de la financiación que reciben los agentes sociales para actividades preventivas (procedente de la Fundación estatal de Prevención de Riesgos Laborales) "se desvíe para el mantenimiento" del Consejo.

Para Comisiones Obreras, se trata de una propuesta "totalmente inaceptable" e "irrealizable". Frente a ello, el sindicato recuerda a la Administración cántabra que "no es la dueña de esos fondos" y recalca que el Consejo Asesor de Salud Laboral "sólo tiene sentido y credibilidad si, desde el momento de su creación, está vinculado a partidas presupuestarias específicas para su puesta en marcha y funcionamiento".

INSTITUTO DE PREVENCIÓN

Por otro lado, Comisiones Obreras también lamenta que todavía "no ha visto la luz" la ley de creación del Instituto Cántabro de Prevención de Riesgos Laborales y, además, se está "lejos" de un "consenso" sobre "los medios necesarios para una adecuada planificación de dicho instituto y las necesidades presupuestarias para el crecimiento de la plantilla de lo que actualmente es el Centro de Seguridad".

En cuanto al Plan de choque contra la siniestralidad y su seguimiento por parte de la Comisión Cántabra de Salud, el sindicado critica las "trabas importantes para el seguimiento real del mismo, por la reticencia" a entregar "la relación de empresas con mayor siniestralidad".

OTROS PROYECTOS

En su balance el sindicato también analiza otros proyectos, algunos de ellos en clave positiva. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de prevención específico puesto en marcha en el ámbito de la construcción que, desde el punto de vista de Comisiones Obreras, "está funcionando bien"; o de los proyectos plurianuales para investigar el estado de salud de los trabajadores desde un punto de vista laboral.

Por el contrario, lamenta que en el caso del estudio general y el específico sobre lesiones músculo-esqueléticas que se comprometían en el Acuerdo de Concertación, aunque se han realizado no se han facilitado las conclusiones. Por ello, instan a la Administración a presentar los resultados a los agentes sociales para poder llevar a cabo políticas preventivas en función de dichos análisis.