Los sindicatos consideran una "barbaridad" la imputación de las nueves personas por el 'escrache' a Diego
SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
CC.OO y UGT reivindicará con una concentración el miércoles, 18 de febrero, una concentración, a partir de las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno, un derecho a la huelga combatido, a su juicio, "con virulencia" en una España a la que --dicen-- el Gobierno está llevando con medidas legislativas, como la reforma del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, a un "estado de excepción".
Con esta acción, anunciada este lunes por los secretarios generales de CC.OO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y María Jesús Cedrún, se unen a la convocatoria de la Confederación Sindical Internacional en defensa de este derecho, que llevará a movilizaciones en todo el mundo, más de un centenar de ellas en España.
"RAZONES SUFICIENTES" PARA MOVILIZARSE Y DEFENDER ESTE DERECHO
Y es que, a juicio de Sánchez, en España hay "razones suficientes" para movilizarse para defender este derecho en un momento en el que, según ha explicado, hay en torno a 300 sindicalistas pendientes de sentencia o de juicio por hechos acontecidos mientras ejecitaban este derecho.
Los sindicatos enmarcan este "ataque" al derecho de huelga que, en su opinión, se está llevando a cabo en España está enmarcado en el "recorte de libertades" que, según ha denunciado, está ejerciéndose con la citada reforma del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana.
Sánchez ha señalado que con estas iniciativas legislativas, supuestos como la participación en desahucios, la ocupación de inmuebles de la Administración o realizar reuniones en instalaciones donde se prestan servicios básicos pueden ser "sancionables" por la vía administrativa.
También, ha criticado también que, en un momento en el que "arrecian las protestas" por la situación actual, se recurra a la sanción penal para resolver los conflictos, "encarcelando a los que protestan" en lugar de por la vía de la negociación.
CUESTIONAMIENTO DEL DERECHO A LA HUELGA, ALGO "TREMENDAMENTE GRAVE"
Por su parte, Cedrún ha advertido de que, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se está poniendo en cuestión por parte de los empleadores que el convenio 87, sobre la libertad sindical y el derecho a la sindicación, que data de los años 50 del siglo pasado, recoja el derecho a la huelga, algo que, según ha señalado, había sido aceptado desde entonces.
Según ha explicado, ahora será un comité de expertos en el que están en mayoría los representantes de los empleadores y de los Estados que apoyan las reclamaciones de éstos, el que decida sobre este asunto, algo sobre lo que podría emitir un informe en marzo.
Cedrún ha señalado que, de esta manera, los empleadores y determinados Estados, entre los que no está España, quieren evitar que el Tribunal de Justicia Internacional se pronuncie sobre las 19 denuncias presentadas en 2012 y 2013 por sindicatos por supuestas vulneraciones del derecho a la huelga.
A su juicio, lo que está ocurriendo es "tremendamente grave" y no es algo "alejado" de los intereses de los ciudadanos ya que "influye" en los tratados internacionales que se están negociando, como el de libre comercio entre la UE y EE.UU o Canadá, y que, a su juicio, suponen un "retroceso importante" a los derechos de los trabajadores. LA IMPUTACIÓN POR EL ESCRACHE DE DIEGO EN LA UC, UNA "BARBARIDAD"
En línea con este asunto, ambos sindicalistas han considerado, a preguntas de los periodistas, una "barbaridad" la imputación de nueve personas por su participación en el 'escrache' al presidente regional, Ignacio Diego, en la Universidad de Cantabria (UC) hace un año, a raíz de su intervención en el foro '¿Hay una pregunta para usted?'.
A su juicio de Cedrún, supone una "muestra más" de lo que ha estado diciendo y ha afirmado que "en ningún momento" el conflicto de los imputados fue con el presidente de Cantabria sino con su escolta y la seguridad privada que estaba en el acto.
Además, ha criticado que las penas, incluso de cárcel, a las que podrían enfrentarse estos imputados. De hecho, ha señalado que tres de ellos podrían enfrentarse a penas acumuladas de hasta 9 años de cárcel, algo que --ha dicho-- les puede "destrozar la vida".
Cedrún ha considerado que es "difícil de entender" que se proteja a los que, a su juicio, han llevado a España a una "situación de pobreza", haciendo emigrar a los jóvenes, "recortando" las becas y haciéndoles que dejen de estudiar y la gente tenga que "estar callada".
