Los letrados que defienden a los imputados acusan a varios testigos de "faltar a la verdad" en el juicio
SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juicio por la quiebra de la Cooperativa de Monte ha quedado visto para sentencia en una sesión en la que el abogado de José Ramón G., gerente de la cooperativa y principal imputado, ha acusado a varios de los testigos de haber "faltado a la verdad de una manera increíble" y se ha quejado de la "indefensión" de no poder contar con la contabilidad de la sociedad como prueba, algo "fundamental" para su defensa.
"Se hubiera acabado el juicio", ha afirmado en su exposición el letrado, quien ha lamentado que en el CD de contabilidad aportado por la otra parte contuviera una "retaila sin sentido" que el perito no ha podido examinar para la causa. Según ha señalado, si se hubiera grabado correctamente, se habría visto que la contabilidad coincide con el impuesto sobre sociedades y las cuentas anuales que presentaba el gerente, José Ramón. G., con lo que -ha dicho- no hay falsedad en las mismas.
En cuanto al otro delito, el de administración desleal, el abogado ha asegurado que "todos" los documentos de pago presentados a la causa cuentan con dos firmas, la del gerente y la de uno de los miembros de la Junta Rectora. Dado que existen las dos firmas, el abogado "no ve el delito por ningún lado".
Por otra parte, este letrado ha pedido a los magistrados de la Sala que "no presupongan nada" sobre los miembros de la Junta Rectora en relación a lo aludido por la acusación: que eran personas mayores y sin formación. El letrado también ha asegurado que la Junta Rectora "sabía todo" y el gerente contaba con su "permiso" para operar como lo hacía.
Siguiendo este mismo argumento, varios de los abogados de la defensa han señalado que los dos administrativos que trabajaban con el gerente en la Sección de Crédito, Matilde C. y Antonio G., no imputados en esta causa y que, como José Ramón G., tenían acceso a los saldos de las cuentas de los cooperativistas, eran hija y hermano, respectivamente, de dos de los miembros de este órgano e, incluso, convivían con ellos, motivo por el que han dudado que en ningún momento les hicieran referencia a los descubiertos.
"¡Qué raro no decírselo a papá!", ha aseverado uno de los abogados defensores, quien, ha culpado a la Junta Rectora de llevar a cabo un "montaje" para inculpar a otros del "lío" que tenían, algo para lo que --ha dicho-- se contrató al auditor Luis Bastida y a su socio José María Pontones.
El abogado del principal imputado ha rechazado el argumento de que el gerente usó "la fe ciega" que tenían en él los miembros de Junta Rectora para engañarles. "La fe ciega no es un concepto jurídico. La fe ciega no está en los estatutos", ha afirmado el letrado, quien ha subrayado que, en ellos, sí se determina las funciones de la Junta, del Comité de Vigilancia y de la Asamblea General de examinar las cuentas que les presentaban y su capacidad para "echarlas para atrás".
EL AUDITOR, UN TESTIGO "MUY INTERESADO"
Durante la exposición de sus informes, los letrados de la defensa han puesto en duda la imparcialidad del auditor Luis Bastida, que ha declarado como testigo-perito, que, a su juicio, ha actuado en este asunto como el "inquisidor Torquemada" con los imputados. En este sentido, la defensa lo ve "como un testigo muy interesado" y creen que el trabajo que realizó para la Cooperativa, que dio lugar a un informe sobre la contabilidad de la entidad, usado como prueba por la acusación, al que han definido como "poco serio", "cojo".
Los letrados han cuestionado algunos de los detalles de la contabilidad a la que alude en su informe el auditor. Como ejemplo, el abogado de los hermanos Ricardo y Juan Carlos d.C ha explicado que, en la misma, y en lo que respecta a las cuentas de sus clientes y de su empresa, se contabilizan "de forma misteriosa" dos cargos mensuales por pago a la Seguridad Social cuando sólo uno de ellos tenía este régimen.
Por otra parte, en el juicio, y al igual que ha hecho el abogado del gerente en primer lugar, el resto de letrados de la defensa también han cuestionado la veracidad de la declaración de varios testigos, sobre todo de los integrantes de la Junta Rectora, y su "memoria selectiva" para acordarse de algunos detalles sobre los que se les ha cuestionado y sobre otros no, fundamentalmente en lo referente a lo que se hablaba en las reuniones de dicho órgano.
"Son buenos actores. Eso lo ha podido comprobar la Sala", ha asegurado el abogado Valentín F., quien, además, durante la exposición de su informe, ha defendido que su cliente "no puede ser" autor del delito de apropiación indebida porque la Cooperativa "no puso los mecanismos de defensa necesarios para evitar las supuestas distracciones de dinero".
En este sentido, ha aludido a los argumentos empleados por el fiscal y la acusación particular para justificar la retirada en su petición de un delito de apropiación indebida, manteniendo los dos societarios, para el gerente al entender que a José Ramón.G. "tenía facultados para hacer las operaciones que hizo" porque "estaba dentro de sus competencias".
Por otra parte, ha asegurado que en el escrito de acusación contra Valentín F. no se cita la connivencia con el gerente para cometer el delito, por lo que el abogado considera "imposible" que su cliente pudiera cometerlo solo. "Ni José Ramón.G. lo ha cometido, ni Valentín.F. lo ha cometido", ha afirmado el letrado de este último, quien ha insistido en que "no se ha probado" tampoco que existiera una "relación especial" entre ambos.
Al margen del caso de José Ramón, varios de los abogados de los otros imputados, a quienes el fiscal y la acusación particular sí mantiene el delito de apropiación indebida, han considerado que no se dan los requisitos exigibles para solicitar este tipo legal y, como el gerente, han solicitado la libre absolución.
ÚLTIMA PALABRA
Tras la exposición de los informes de la defensa, y como paso previo a que el juicio haya quedado visto para sentencia, se ha otorgado a los siete imputados la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra, del cual sólo han hecho uso dos de ellos, Valentín F. y Luis G., pero no el principal imputado, el gerente José Ramón G.
El primero de los dos en tomar la palabra ha sido Valentín F, quien ha aprovechado su derecho para afirmar que es "inocente" y opinar que "todo ha sido una trama" entre el auditor Luis Bastida, el presidente de la Junta Rectora de la Cooperativa, Pedro Gutiérrez, y el vicepresidente, Carlos Borragán, a quienes ha acusado de llevar a cabo una "manipulación total".
También ha usado su tiempo para la última palabra para denunciar haber sido víctima de "vejaciones" y de amenazas de ir a la cárcel e incluso de muerte por algunos de los implicados en las causas. Además, ha asegurado que "reconoció" el "desajuste" en sus cuentas y, para repararlo, puso "en la mesa" su patrimonio empresarial, si bien ha señalado que la Junta Rectora desde el principio "se cerraron en que no".
Por su parte, el otro imputado que ha hecho uso de la última palabra en el juicio, Luis G., ha afirmado que "jamás en la vida" ha tenido relación con el gerente y ha señalado que "la única" que ha tenido ha sido con los administradores que trabajaban con José Ramón, que eran Matilde C. y Antonio G. Después de que el resto de imputados --los hermanos Juan Carlos y Ricardo d. C; el gerente José Ramón G; Evangelina B, y Manuel A.R-- hayan preferido no añadir nada, el juicio ha quedado visto para sentencia.
A la última jornada de este juicio, Evangelina B. y su marido Luis G. se han incorporado sólo a la parte final ya que han sido excusados por el presidente de la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para no acudir al resto tras el "fuerte síndrome de ansiedad" que, según el magistrado, sufrió la mujer durante la sesión del lunes.
