Denuncia el "paso atrás" de medidas que afectan a colectivos en riesgos, derechos laborales y participación social
Pide al Gobierno que espere a que se concreten las medidas del Ministerio de Educación
Advierte de los efectos en el empleo de las tasas ambientales y del descenso de ingresos por IVA por el céntimo sanitario
SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) ha expresado esta tarde por unanimidad su rechazo a las medidas de ajuste elaboradas por el Gobierno de Cantabria.
Este órgano consultivo y de representación social y profesional reunía esta tarde en Pleno a sus miembros para debatir el dictamen sobre la ley que recoge las medidas de ajuste del Gobierno de Cantabria. La votación ha sido finalmente en sentido negativo.
En el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, el CES defiende que las medidas suponen un "paso atrás" al afectar a colectivos en riesgo de exclusión social, e implicar reducción de la representación social y de derechos de trabajadores públicos.
En el sector público, ven que se incrementa la arbitrariedad y se produce un "ataque a la objetividad", además de dudar de la legalidad de las modificaciones en los contratos públicos de servicios.
Además, recomiendan al Gobierno que antes de aplicar las medidas que planea para Educación, esperen a que se concrete el recorte de 3.000 millones de euros anunciado por el Ejecutivo central.
Y cuestionan tanto el efecto del céntimo sanitario, en el que temen que en realidad suponga descenso en recaudación del IVA y otros impuestos, por cinco veces más de lo que se pretende ingresar, así como los efectos sobre las empresas y el empleo de los impuestos medioambientales.
"PASOS ATRÁS"
En el dictamen se observa que los recortes de gasto afectan a los colectivos "en mayor situación de exclusión", así como a la representación social (la supresión de Consejos) y las "reducciones" de derechos de los empleados públicos, todo sin contrapartidas ni información a los representantes de los trabajadores.
"Las medidas adoptadas parecen pasos atrás en un avance que ha sido largo de alcanzar en beneficio de toda la sociedad y de todos sus individuos", afirman.
Por eso, el Consejo reclama una reflexión "más participada" sobre el modelo de gestión pública que la sociedad necesita, y sobre la "distribución de las cargas para su sostenimiento", "sin perder los avances sociales adquiridos".
El anteproyecto establece, en una disposición adicional, el carácter reversible de las medidas, pero el CES percibe una "indeterminación" e "indefinición" en lo que en realidad cree que se trata de una "declaración de intenciones con una total falta de contenido".
Es decir, creen que es una "mera fórmula" para justificar ante la opinión pública que las medidas son coyunturales, pues, según recuerdan, todas las leyes son revisables, lo que hace que realmente sea una disposición "vacía".
EL CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN
El CES cree que la regulación de retribuciones por baja en personal de la Administración viene marcada por una ley estatal que las comunidades no pueden cambiar, y llama la atención sobre el "desconocimiento" que refleja el Gobierno sobre un aspecto que o bien no ha expresado de forma correcta o bien "no ha analizado en profundidad"
Advierte sobre la "enorme capacidad de decisión arbitraria" que se otorga a los secretarios generales en la reorganización administrativa sobre las funciones de los empleados públicos.
También alertan sobre el "ataque a la objetividad y la independencia" en la función pública que supone que se permita al personal eventual acceder a puestos de funcionarios que además, en lugar de ahorrar coste, podría suponer un aumento.
Y juzgan "de dudosa legalidad" la prioridad que se da a las modificaciones de contratos que persigan ahorros, a los que se permite eludir la justificación.
EDUCACIÓN Y SANIDAD
El CES recomienda al Gobierno que "espere" a que se concreten las medidas anunciadas por el Ejecutivo central en Educación (el recorte de 3.000 millones de euros), antes de regular, como plantea, lo relacionado con este sector (aumento de la ratio de alumnos, incremento de períodos lectivos...)
"Adelantarse a ellas puede hacerlas inútiles o incompatibles", afirma.
Sobre los cambios en la renta social básica, señala que "excluyen" de ella a los extranjeros que tengan la autorización de trabajo y residencia, lo que podría ir "en contra" de la legislación estatal sobre extranjeros, que estable el acceso a servicios y prestaciones básicas "con independencia de su situación administrativa".
CÉNTIMO SANITARIO
El CES se pronuncia sobre el "mal llamado" céntimo sanitario, que se aplica en su tipo máximo, y que, pese a que se 'venda' como la ampliación de un impuesto, en realidad es la creación de uno nuevo que, recuerdan, ha sido cuestionado por la Unión Europea.
Además, advierten sobre los problemas que generará su instauración a sectores "estratégicos" de la economía de Cantabria, como el transporte o actividades complementarias, junto al "efecto frontera" (acudir a repostar a comunidades limítrofes que no tienen esta figura fiscal o que lo tienen inferior).
Este y otros efectos los cuantifican, calculando que aunque se ingresaría "potencialmente" 48 euros por cada 1.000 litros, en cambio, se dejarían de ingresar 252 euros por cada 1.000 litros, por el IVA e impuestos especiales que se dejarían de percibir.
O sea, pronostican que tendrá un efecto "contrario" al que pretendían.
También critican los efectos de la subida del canon de saneamiento o la tasa de residuos sobre las empresas (y sobre sus empleos).
OBJECIONES FORMALES
Para empezar, el CES lamenta que su análisis sea "parcial" porque el anteproyecto se les remitió sin los correspondientes informes económicos para valorar, por ejemplo, los cambios, en las tasas, ni los informes técnicos o jurídicos.
Otra cuestión formal a la que aluden es al retraso de dos meses desde que lo anunció el presidente hasta que se ha remitido el texto, en el que, al revisarlo, no perciben una "complejidad técnica" que justifique esa demora.
Es más, añaden que muchos de los preceptos modificados no requerían haberse tramitados por una ley, sino que podían haberse hecho a través de simples decretos del Gobierno, de tramitación más rápida.
"En el CES hemos realizado un enorme esfuerzo voluntarista para cumplir con el plazo solicitado, la mitad del necesario y legal, sin menoscabo de la calidad y rigor que nos ha venido caracterizando los últimos dieciséis años, a pesar de no contar con los medios técnicos habituales debido a los recortes presupuestarios aplicados los últimos años", reivindican.
En cuanto al volumen de textos a los que afectan (si se suman las leyes que se modifican, y las que se derogan, suman hasta 16), critican la "inseguridad jurídica" que produce el uso de una ley para modificar muchas otras.
Y hay puntos en los que llegan a llamar la atención sobre su "pésima redacción".
INCLUYE MEDIDAS AJENAS
El dictamen del CES advierte sobre el hecho de que el anteproyecto recoge medidas "totalmente ajenas" a su objeto, que es el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.
Hay aspectos, en este sentido, en los que consideran que "no existe justificación alguna" para su inclusión en el texto, con materias que no requieren la tramitación urgente que se reclamaba, como la modificación de la Ley de Cajas o de Control Ambiental Integrado.
Y otros que les suscitan "dudas" sobre la necesidad de que fueran reguladas a través de leyes, como son los que afectan a la suspensión de la obligatoriedad de la convocatoria de concursos de empleo público (llegan a cuestionar que existiera esa obligatoriedad), las reducciones de jornada, o los que afectan a profesionales docentes y sanitarios o la suspensión de contrataciones en empresas públicas este año.
