El Consejo de Transparencia urge reformar la ley y llama a "estar en guardia" para evitar retrocesos

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez, ha urgido a reformar la Ley de Transparencia para establecer un marco legal "adecuado" que permita dotar al país de un sistema de transparencia pública que sea "acorde" a una democracia avanzada.

Un sistema público de transparencia que, a su juicio, se encuentra en un "momento crítico, de cierto estancamiento", en el que "no solo hay que esforzarse para continuar avanzando, sino estar en guardia para evitar retrocesos".

Según ha explicado, aunque el texto de 2013 proporciona "una base muy sólida" y ha contribuido "de manera decisiva" a "transformar el manual de transparencia" del país, tiene "lagunas" y "déficits técnicos" que le están "restando eficacia" y "son la causa de que el derecho al acceso a la información pública aún no esté plenamente garantizado en España".

Así lo ha señalado Rodríguez este miércoles con motivo de su participación en el curso 'La transparencia en España: balance y propuestas de mejora', que se desarrolla del 2 al 4 de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

El objetivo del seminario es reflexionar sobre la situación de la transparencia en España, cuando se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia 19/2013 (nueve en las comunidades autónomas) y de la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El presidente del Consejo de Transparencia ha señalado que "diez años no es mucho tiempo para consolidar la transparencia pública" pero sí sirven para analizar su implantación y hacer un diagnóstico sobre qué ha funcionado y qué carencias existen.

Rodríguez ha trasladado que, en términos generales, el balance de estos diez años en materia de transparencia presenta "muchas luces" pero también "sombras".

Así, ha destacado que el sistema ha experimentado una "transformación radical", si se compara la situación actual con la de 2014, principalmente por la aplicación de la normativa, pero también como resultado de la contribución de diferentes sectores.

No obstante, ha asegurado que "queda mucho por hacer" y "estamos todavía en una fase intermedia" en la construcción del sistema público de transparencia.

A su juicio, para seguir avanzando en este sentido "es imprescindible" reformar la ley para atender sus "carencias", pero también tomar decisiones administrativas "adecuadas", con políticas públicas "de calado" para fortalecer las estructuras institucionales de transparencia pública, que "todavía son muy débiles".

Además, ha subrayado que persiste un cierto "desconocimiento" de la ley, sobre todo en los órganos directivos, que pone de manifiesto que "la cultura de la transparencia no ha calado todavía suficientemente en nuestras administraciones públicas". Por lo tanto, en su opinión, "falta formación" y "medidas dirigidas a fortalecer estas estructuras básicas del sistema".

SILENCIO ADMINISTRATIVO

Rodríguez ha señalado que la "manifestación más grave" de estas debilidades es el elevado porcentaje de solicitudes que no se resuelven en plazo y al final acaban desestimándose por silencio administrativo.

En este punto, ha indicado que en 2024 el 42% de las reclamaciones del ámbito estatal fueron con silencio administrativo y en ámbito local, el 73,5%, unas cifras "muy preocupantes" que evidencian "un mal funcionamiento del sistema que afecta gravemente a la eficacia del derecho de acceso a la información pública" porque se "obliga" al solicitante a reclamar para ver reconocido ese derecho y se genera un "consumo innecesario" de recursos públicos.

De esta forma, ha urgido a reformar la Ley de Transparencia para establecer un marco legal "adecuado" que permita dotar al país de un sistema de transparencia pública que sea "acorde" a una democracia avanzada.

Ha apuntado que el Gobierno anunció hace meses un anteproyecto de ley de la administración abierta, que incluye la reforma de la Ley de Transparencia, pero "está tardando en materializarse", y aunque "el contexto político actual no invita precisamente al optimismo", este objetivo "no puede decaer".

En su opinión, la reforma debe ampliar el catálogo cuya publicación de informaciones es obligatoria e incentivar que cada organismo publique toda aquella información que considere relevante para la rendición de cuenta de sus actuaciones, así como corregir las "malas prácticas" que se dan ante las reclamaciones, entre otros aspectos.

Ha explicado que para que el Consejo esté "plenamente capacitado" para cumplir sus funciones se le han de atribuir potestades que en la actualidad son "implícitas" pero no están expresamente contempladas en la ley, como requerir los expedientes afectados por las reclamaciones o examinar el contenido de la información reclamada (que es confidencial).

No obstante, ha indicado que "no hay unanimidad" sobre la potestad de aplicar sanciones. A su juicio, no es la fórmula "más eficaz" porque la tramitación procedimientos sancionadores es "muy compleja", absorbe "muchos recursos" y "no suelen llegar a buen puerto".

Finalmente, Rodríguez ha reclamado una "mayor dotación de recursos" para seguir mejorando el Consejo de Transparencia estatal, cuya dotación presupuestaria y humana (con 32 puestos de trabajo en la actualidad) "sigue siendo insuficiente, pero es mejor que la de 2015 (cuando entró en funcionamiento)", ha dicho.

En la inauguración del curso también han participado el director general de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Cantabria, Paulino Sánchez; y el rector de la UIMP, Carlos Andradas.

El director general ha destacado que la transparencia tiene "una importancia primordial", tanto para los ciudadanos como para las empresas, ya que "es imprescindible conocer qué se hace, cómo se hace y si existen errores". "Si hay transparencia se puede justificar el error porque se demuestra que no hay nada oculto", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que entre los objetivos de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a su llegada al Gobierno autonómico se encontraban la simplificación administrativa, la transparencia y la participación ciudadana.

En este punto, ha recordado que la región cuenta con la Ley de Transparencia de la Actividad Pública de 2018, y aunque no tiene un consejo propio, está adherida al convenio del Estado. Además, en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno también se recogen la transparencia y la publicidad.

En la misma línea, para el rector de la UIMP la transparencia es "un término indiscutible" en las empresas para que los ciudadanos conozcan en qué se gasta el presupuesto y en qué aspectos se trabaja.