Quintana subraya la obligación "ética, moral y política" de dedicar más recursos y contribuir al impulso de la Ley de Dependencia
SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
En Cantabria alrededor de 3.000 personas podrían beneficiarse, en el primer año de aplicación, de la futura Ley de Autonomía Personal y Dependencia que tramita actualmente el Gobierno central, una norma que, además, se completará en la región con la Ley de Servicios Sociales, de la cual existe ya un borrador que se podrá concretar en el momento en el que se apruebe la normativa estatal.
Así lo aseguró hoy la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, quien matizó no obstante los datos de posibles beneficiarios, puesto que se trata de las estimaciones realizadas en el Libro Blanco y no se conocerán exactamente hasta que no se determine el baremo final que se utilizará para determinar qué personas tienen derecho a ser atendidas en el ámbito de la Ley de Dependencia.
Según explicó Quintana, Cantabria lleva tiempo "desarrollando un importante trabajo" para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero también para "estar en condiciones de garantizar" el nuevo derecho que reconoce la Ley nacional "desde el primer momento". La aprobación de la norma estatal permitirá además a la región "desbloquear" el borrador de su futura Ley de Servicios Sociales y "coordinarla" con la nacional.
La intención de la Consejería es que el borrador, fruto del trabajo en "silencio" de la Dirección General de Políticas Sociales y que no sólo contempla las prestaciones para personas dependientes, sino que aborda el conjunto de los servicios sociales, sea discutido con los agentes sociales y con el Consejo Económico y Social (CES).
Respecto al anteproyecto de ley de Dependencia, debatido ayer en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, Quintana consideró que en el proceso de trabajo que se abre ahora entre el Gobierno y las comunidades autónomas no se va a cambiar lo sustancial y confió en que se "enriquezca".
FINANCIACIÓN
Tras felicitarse por la voluntad de colaboración expresada ayer por todas las comunidades autónomas con independencia de su "color" político, la consejera subrayó que en el caso de Cantabria, la financiación que deberá asumir la comunidad es "viable", pero sobre todo "obligatoriamente ética".
A su juicio, Cantabria "debe dedicar más recursos" a las personas en situación de dependencia. "Estamos obligados ética, moral y políticamente y lo vamos a hacer con mucho gusto", recalcó Quintana, quien insistió en su voluntad de "contribuir de la mejor manera posible al impulso" de esta Ley de Dependencia.
Además, señaló que se trata de una "inversión", no de un gasto, que está "justificada" por la necesidad de estas personas y que se va a traducir en "beneficios" sociales, de empleo y de crecimiento del país.
9.000 MILLONES ADICIONALES
Según recordó Quintana, se calcula que, una vez se haya "desplegado" totalmente la Ley de Dependencia en un plazo de nueve años desde su entrada en vigor, se necesitará inyectar 9.500 millones de euros adicionales a la inversión actual en dependencia, que es de unos 2.000 millones de euros en el ámbito social (al margen por tanto de la inversión en estas mismas cuestiones desde las áreas sanitaria y socio-sanitaria). Cantabria actualmente invierte 60,6 millones desde la Dirección General de Servicios Sociales.
La inversión extra que se precisará será financiada al 50% entre las comunidades y el Ministerio, que ofrece más de 12.638 millones de euros hasta 2015, contando con que la Ley de Dependencia entre en vigor el próximo 2007, como se propone el Gobierno central.
Para Quintana, el reconocimiento de este nuevo derecho a través de la Ley de Dependencia constituye una "importantísima conquista social y un hito histórico asimilable a la universalización de la educación o de la sanidad". A su juicio, responde además a una necesidad "altamente sentida" y nace "con un importantísimo respaldo" de los agentes sociales, el Consejo Estatal de Mayores y el Consejo Nacional de la Discapacidad.
